El presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), así como legisladores del sector minería e hidrocarburos y electricidad coincidieron en reconocer que el gobierno dio mensajes positivos a favor de la estabilidad jurídica y el diálogo aunque consideraron que será difícil reducir los conflictos sociales y garantizar la estabilidad de los inversionistas si el Ejecutivo, gobiernos regionales, locales y las empresas no hacen esfuerzos para enfrentar las causas verdaderas de las controversias.
“Las comunicaciones de las empresas no han llegado debidamente a las comunidades aledañas, a los proyectos mineros, hay que replantearla para llegar de forma correcta para que entiendan que las actividades mineroenergéticas son necesarias y traen bienestar”, sostuvo el presidente de la SNMPE, Pedro Martínez.
Además, señaló que en los conflictos que sacuden el país hay mucha desinformación y desconocimiento. “En educación hay que hacer un trabajo muy profundo ante esa situación, porque muchas comunidades no conocen cómo se desarrolla la minería moderna y la confunden con la pasada, que dejó una pesada carga de pasivos”, agregó Martínez.
Indicó que también hay desinformación sesgada, sembrada para manipular a la gente y ganar espacios políticos.
Mantener interés en exploración
Por su parte, el presidente de asuntos corporativos de Perú LNG, David Lemor, consideró que el reto para el desarrollo de su sector es mantener el interés por invertir en nuestro país en mayor exploración.
“Si cometemos el error de desalentar la inversión en exploración, corremos el peligro de quedarnos sin inversiones que promuevan el desarrollo del país”, acotó.
Destacó que en el tema del gas, el éxito exploratorio en Perú es alto. “De 10 pozos, 8 tienen éxito, un 80 por ciento de éxito garantizado”, remarcó.
Recordó que en el 2009 – 2010 se anunció 11.17 trillones de reservas de gas natural en reservas probadas. “Pero en realidad tenemos más gas que eso. La mejor estimación es 16.44 trillones de pies cúbicos (en el lote 56)”, precisó.
Señaló que el potencial de Camisea es muchísimo mas grande, si sumamos a los lotes 88 y 56 el 57, 58 y el 76. “Probablemente más de 37 TCF de potencial gasífero”, anotó.
De otro lado, dijo que las empresas y el Estado deben admitir sus errores y deficiencias de comunicación con las comunidades mineras, empezando por el hecho de que no tenemos una idea o concepción de qué tipo de país queremos ser: si agrícola o minero agrícola.
Aludió que en el gobierno de Alejandro Toledo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos -que tenía oposición del 75 por ciento- salió adelante gracias a una campaña nacional, donde los ministros conversaron con la población y explicaban lo que iba a ser el TLC y escuchaban las preocupaciones y críticas.
“Se elaboró un mecanismo de compensación (unos 600 millones de soles) en caso de darse los efectos nocivos que la población temía. Pero hasta hoy no ha habido necesidad de activar ese mecanismo ya aprobado por ley”, destacó.
“Hay que romper los mitos antimineros”
José Augusto Palma, Vicepresidente y Consejero General, opinó que se necesita estabilidad jurídica y reglas de juego claras para atraer inversión en exploración, ampliación y ejecución de proyectos mineros, y así mantener el auge mineroenergético.
Expresó que en tal sentido, el gobierno dio mensajes positivos, a través de su lucha frontal contra la minería informal en Madre de Dios y con la decisión de buscar el diálogo con las autoridades y la población cajamarquina para lograr una solución al desarrollo del proyecto Conga.
Manifestó que es indispensable que el sector refuerce sus campañas de comunicación e información sobre los beneficios de la minería responsable.
“Esas campañas deben apoyar el esfuerzo del Ejecutivo para romper con los mitos que propagan los grupos antimineros, como que la minería es igual a la contaminación”, ilustró Palma.
Estimó que será difícil reducir los conflictos sociales, garantizar la estabilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros si el Ejecutivo, gobiernos regionales, locales y las empresas no hacen los esfuerzos necesarios para enfrentar las causas verdaderas de tales controversias.
Consulta Previa y riegos para inversiones
Palma consideró que el mal uso o politización de la Ley de Consulta Previa tendrá serias repercusiones especialmente para el sector mineroenergético, pudiendo paralizar el flujo de inversiones.
Sin embargo remarcó que esta ley tiene aspectos positivos, como el no otorgar el derecho a veto a los pueblos indígenas y originarios, sino que el Estado es quien decidirá (si va o no un proyecto) en caso no lograr un acuerdo entre las partes.