Roxana Barrantes: “Sostenibilidad minera pasa por la competitividad y bienestar de comunidades de su entorno” (Exclusivo) 

ProActivo | “No es posible que el Perú sea competitivo en su sector minero sin que sepamos qué están haciendo en esta materia nuestros competidores, particularmente Chile, Colombia, México o Canadá”, alertó Roxana Barrantes, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, conformada por el Poder Ejecutivo.

Barrantes expresó que es necesario afianzar la sostenibilidad de las actividades mineras y consolidarla como el motor clave del crecimiento económico del país. Dijo además, que es menester  fortalecer su competitividad a través del desarrollo y bienestar de las comunidades de su entorno, según información recogida por ProActivo.

Agregó que afianzar la sostenibilidad no depende únicamente de cuán competitivos seamos en el mercado internacional, y tampoco depende exclusivamente de los temas de desarrollo social, “sino que es una combinación de ambos factores”.

Trabajo participativo

Informó que la Comisión tuvo  un trabajo participativo, de reuniones con entrevistas y trabajo de gabinete, habiendo conversado con  más de 170 personas y recibido aportes por correo electrónico y por escrito.

Indicó que el trabajo  tuvo como fondo 5 ejes temáticos: El entorno social que comprende los temas de ciudadanía, diversidad y territorio; gestión ambiental; reforma regulatoria; el aporte fiscal y uso de los recursos mineros; y  la minería informal e ilegal.

Los conflictos sociales son riesgo para el desarrollo

Barrantes refirió que “los  conflictos sociales son un riesgo para el desarrollo del potencial minero. No es posible desarrollar adecuadamente una actividad productiva en un entorno complicado”.

Asimismo, consideró que la minería puede ser la palanca para el desarrollo adecuado de los territorios donde operan sus yacimientos, en el que la Ley General de Minería de 1992, no es un obstáculo para afianzar una minería sostenible.

“Dentro del desarrollo minero, hay que reconocer la realidad del proceso de descentralización, de las competencias y prerrogativas de los gobiernos subnacionales y sus oportunidades, y el rol de las nuevas agencias como el SENACE y el OEFA”, apuntó.

Cuestionó que en 1990 se tenían 7 entidades estatales involucradas en el sector minero, pero que  hoy existen 29; y que teníamos 12 procedimientos administrativos en el 2001, y que hoy tenemos 265.

“Entonces, tratamos de desarrollar una actividad minera en un entorno donde se han ido incorporando obligaciones que la minería y el resto de sectores económicos tienen que cumplir, y el Estado tiene que  hacer cumplir estas normativas”, acotó.

Visión del sector  y Rimay

Anotó que la visión del sector minero que adoptó la Comisión fue la propuesta del grupo RIMAY hacia el 2030, cuya base es el diálogo. Con la aspiración de que la minería sea inclusiva, integrada social y territorialmente, sostenible ambientalmente, competitiva e innovadora, y que, además opere en un marco de buena gobernanza.

“Nuestro informe final cuenta con 11 recomendaciones estratégicas y 81 recomendaciones específicas, 20 del entorno social, 31 en lo ambiental, 7 en la mejora regulatoria, 12 sobre el uso de los recursos y 11 respecto a la minería de pequeña escala, artesanal y legal”, precisó.

“La primera recomendación estratégica es que necesitamos tener una política de Estado del desarrollo minero, continuar el esfuerzo de RIMAY y, que las propuestas de la comisión puedan servir como base para el inicio de esta discusión e implementación de las  medidas planteadas”, indicó.

Explicó que al desarrollo de la minería se tiene que darle un enfoque territorial para poder  satisfacer las necesidades de cada región e implementar esta política en el corto y mediano plazo, articulando los objetivos de un proyecto minero con una nueva gobernanza, con un diferente involucramiento del Estado.

Apropiada distribución del canon

La presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible demandó una visión territorial en la distribución del canon, para  compensar las desigualdades que podrían existir en este tema a nivel de todas las regiones.

“Ahora tenemos en el Perú una distribución de canon que termina siendo, para decirlo optimistamente, sujeta a mejorar, y no es posible que haya tantos recursos de canon para universidades de provincias sin ser utilizado para mejorar las capacidades de investigación, mientras el CONCYTEC tiene que estar pidiendo recursos para fomentar la investigación”, lamentó.

Comentó que los recursos del canon tendrían que formar parte de un gran fondo para la investigación a nivel nacional, lo que ayudaría al cierre de las brechas en los centros poblados del entorno minero.

Evaluación ambiental temprana

Dio a conocer que la Comisión está proponiendo un nuevo modelo para incentivar la exploración minera, pues actualmente en el Perú no existen nuevos proyectos que dentro de 2 a 3 años nos vayan a servir como motor del crecimiento económico.

Precisó que otra propuesta del Informe es la implementación de una evaluación ambiental temprana y colaborativa, que involucre desde el inicio de la exploración minera la participación conjunta del Estado y de las comunidades.

“Necesitamos diseñar e implementar un nuevo modelo de evaluación ambiental temprana, concurrente y colaborativa”, subrayó.

Al respecto, manifestó que el Estado tiene que acompañar el desarrollo de un proyecto minero desde la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para así poder involucrarse en formulación de los términos de referencia.

Señaló que no se puede esperar  un año y medio para dar opiniones, y en el camino ir generando un conjunto de expectativas que no se pueden cumplir. “Los plazos de evaluación y de opiniones técnicas deben ser prontas y cumplirse sin afectar la calidad de las decisiones”, estimó.

Opinó que la minería es un  motor del crecimiento económico que necesita combustible, y que parte de ese combustible es el trabajo articulador del Estado como representante de los intereses de todos los ciudadanos.

Consideró que ante el COVID 19, es urgente  utilizar más herramientas tecnológicas para la fiscalización remota y  reducir así las realizadas “in situ” en los yacimientos mineros, y pensando en el desempeño de ecosistemas.

Pasivos ambientales huérfanos

Igualmente, expresó su  preocupación por el tema de los pasivos mineros y el cierre de minas, que deben contar con  garantías más inteligentes y mecanismos de participación ciudadana.

“Tenemos un conjunto de pasivos mineros que no tienen dueño, son huérfanos. Entonces, tenemos que asumir que es un riesgo para la calidad de vida de las personas, y este problema tiene que ser resuelto con prioridad y una taxonomía para poder identificar aquellos que representan más riesgos para los ciudadanos”, afirmó.

Minería Informal

Indicó que la Comisión propuso una política nacional de formalización realista para beneficio de los pequeños productores mineros. “Por ejemplo, el Estado se tiene que encargar de hacer planes de manejo ambiental en esta actividad, en lugar de estar pidiéndoselo a los pequeños mineros, que no tienen los medios para hacerlo; y otorgarles incentivos y garantías en  toda la cadena de su valor productivo”, anotó.

Asimismo, demandó erradicar la minería ilegal, sobre todo  la  de explotación y comercialización de oro y sus insumos.

De otro lado, Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, destacó que a su criterio el punto más importante del Informe de la Comisión, es el tema de la migración territorial para un mejor bienestar de las comunidades del entorno de los proyectos mineros.

Al tratar el tema, la politóloga Alejandra Campos consideró que el plan propuesto por la Comisión no parece viable en el mediano plazo, debido a la inestabilidad política que vive el país y con un gobierno ya de salida.

“Este Gobierno no va a hacer nada en esa línea, pero pensando en el 2021, no me queda tan claro quién tiene el músculo político para mover una reforma de este tipo. Porque es una reforma que requiere cambios en diversos niveles del Estado”, argumentó durante evento realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).