Carlos Contreras
Cada año, potabilizar el agua que los limeños utilizan para cocinar o bañarse le significa un mayor costo a Sedapal, puesto que invierte más dinero para eliminar los agentes contaminantes que recibe el río Rímac en su recorrido hasta la planta de la Atarjea.
Según la gerente de Producción del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Yolanda Andía, entre el 2011 y el 2014 se han incrementado en 50% los gastos destinados a la compra de más insumos químicos (el más importante es el carbón activado) que sirven para purificar el agua del Río Hablador.
“El gasto se incrementa progresivamente, año tras año, debido a la contaminación que soporta el río Rímac con las actividades industriales, mineras y domésticas”, dice Andía.
A su vez, el gerente general de Sedapal, Marco Vargas Medina, precisa que ese 50% representa 30 millones de soles que se deben invertir, anualmente, desde hace tres años, para garantizar el agua potable que llega a las viviendas de más de 8 millones de habitantes de Lima y Callao.
“Solo en el 2010 potabilizar el agua para los habitantes de la capital demandó a Sedapal una inversión de 12,7 millones de soles. Y desde el 2011, gastamos 17,6% más”, explica Vargas Medina.
Pero ¿qué está sucediendo en el río Rímac?
Fuentes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señalaron que se ha detectado que a lo largo del río Rímac existen 173 puntos donde mineras, industrias, negocios y la propia población descargan elementos y sustancias contaminantes.
La calidad del agua se deteriora desde el puente Ricardo Palma hasta las bocatomas de La Atarjea y esto sucede por la basura, los químicos y los metales arrojados.
“El río Huaycoloro (que alimenta al Rímac), en Huachipa, es uno de los puntos de mayor contaminación y en la mayoría de los casos esta situación sobrepasa los límites establecidos en los estándares de calidad ambiental para agua, sobre todo si la contaminación es minera y metalúrgica”, detalla la ingeniera Andía.
A eso se suma que la presencia de metales pesados y arsénico es elevada en el Rímac. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, que data del 2008 y que fue supervisado por la Dirección General de Salud (Digesa), Sedapal invertía 100 mil dólares adicionales al mes en la planta de La Atarjea.
Hay que indicar que en la provincia de Lima, los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Rímac, Ate, Cercado, San Juan de Lurigancho, El Agustino y San Martín de Porres tienen dentro de sus territorios al Río Hablador (zona media y baja de la cuenca). En tanto, en la provincia de Huarochirí están los distritos de Chicla, San Mateo, Matucana, Santiago de Surco, San Bartolomé, Cocachacra, Ricardo Palma y Santa Eulalia (parte alta).
¿y los responsables?
La representante de la Defensoría del Pueblo, Giannina Avendaño, experta en el tema, explica que en la zona alta del río Rímac se registra contaminación minera, por lo que la fiscalización le corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La representante de la Defensoría del Pueblo, Giannina Avendaño, experta en el tema, explica que en la zona alta del río Rímac se registra contaminación minera, por lo que la fiscalización le corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En tanto, en la zona urbana, parte media y baja de la cuenca del Rímac, son los gobiernos locales los encargados de evitar la contaminación del afluente, según la Ley Orgánica de Municipalidades, detalla el especialista en temas ediles Julio César Castiglioni.
“Los municipios no solo deben evitar el arrojo de basura sino que deben trabajar en generar espacios para tener rellenos sanitarios. Hasta ahora se observa que son los mismos camiones de las comunas que arrojan desechos sólidos al río Rímac”, afirma Avendaño.
Castiglioni, por su parte, agrega que los funcionarios y el mismo alcalde podrían ser condenados hasta 4 años de cárcel si se encuentran involucrados en esas actividades.
La Autoridad Nacional del Agua responde que se necesitan, por lo menos, unos 4 mil millones de dólares para recuperar el río Rímac.