(Foto: Correo)
La muerte de tres pobladores en una mina informal ubicada en el distrito de Cocachacra, Islay, el 1 de octubre, puso al descubierto cómo esta actividad ilegal aumenta en la zona. Hasta ahora no se ha efectuado un censo para saber cuántos trabajadores están en el lugar ni qué tipo de labor realizan.
Sin embargo, los pobladores de la provincia reclaman la presencia de sus autoridades, pues temen la contaminación del valle de Tambo. Curiosamente, los informales se acentaron en parte del valle, donde el lema de “Agro sí, mina no” es pan de todos los días.
REALIDAD PREOCUPANTE
Desde hace muchos años esta actividad se desarrolla a cargo de personas inescrupulosas en las partes altas del valle de Tambo extrayendo minerales como oro y otros,, sin medir las consecuencias de contaminación del medio ambiente y las aguas de río, expresaron ayer varios dirigentes y representantes de las juntas de usuarios en una reunión realizada en Cocachacra. Pero el alcalde distrital Julio Cornejo dijo no tener conocimiento de esta situación.
Desconoce cómo se otorgan los permiso y negó tener alguna competencia en ello. Agregó que enviará documento a la Gerencia Regional de Minería, para saber cuántas labores se desarrollan ilegalmente.
USO DEL AGUA
Sobre este asunto, el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, aseguró que la actividad minera ilegal nunca fue controlada, a pesar que advirtieron de su presencia desde hace años.
“Lo que ocurre es que hay aficionados a la minería artesanal informal que pasan desapercibidos por la poca cantidad que extraen, y que escapa del control de autoridades, pero eso está aumentando, se hacen de campamentos y sus labores son más seguidas, poco a poco son un peligro”, mencionó.
Pidió la presencia del Gobierno regional urgente para evaluar y solucionar este problema que pone en peligro a todo el valle.
Sin embargo, los dirigentes agrarios, opositores a toda actividad minera, han dirigido la mirada a otro proyecto que se ejecuta en el sector de valle Arriba en Cocachacra. Se trata de minera Frida, que funciona con autorización, pero que ha sido materia de conversación ayer en la tarde por las juntas de usuarios de la provincia y la comuna distrital quienes responsabilizan a funcionarios del Gobierno regional por no ser notificados en su momento.
MINERA ESTÁ LABORANDO
El 18 de setiembre en una radio local, el ingeniero David del Carpio narró las actividades de una minera en el sector de valle Arriba Carrizal, que ya tendría un estudio de impacto ambiental aprobado.
El caso de inmediato llegó a manos del dirigente tambeño Miguel Meza, conocido por su papel en las protestas contra Tía María, y explicó ese día un medio de comunicación local que el año pasado ya esta empresa estaba buscando los permisos respectivos.
“La Dirección Regional de Minería habría aprobado todo, pero no notificaron a nadie, menos a las juntas de usuarios, tampoco mencionaron un estudio hidrológico, entonces la pregunta era ¿de dónde van a sacar el agua?”, dijo aquella vez alegando que se esta intentando sorprender a la población.
Sus palabras tuvieron poco eco si no hasta ayer que las autoridades de Cocachacra, las juntas de Usuarios y pobladores, se reunieron para discutir este delicado tema.
ANALIZAN LA PROBLEMÁTICA
En esta asamblea expusieron la gravedad si es que la minera comienza a extraer cobre en la zona.
Inclusive, algunos dirigentes señalaron que la minera organizó reuniones para conseguir firmas de ellos, aseguraron que fueron engañados.
La reunión culminó con un pedido de explicaciones que enviarán al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para que de respuesta a todas las inquietudes.
En la reunión hubo varios lugareños quienes afirmaron que la autoridad municipal se debe preocupar más por la minería ilegal que por un proyecto que puede ser detenido.
Acusaron que su iniciativa de reunión es muy tardía y que esperaron a que tres obreros murieran en una mina para recién ponerse a trabajar.
Fuente: Correo