En medio de una creciente ola de violencia en la sierra liberteña, familiares de al menos trece trabajadores de seguridad de la empresa R&R exigen a las autoridades del país que actúen con urgencia ante el presunto secuestro de sus seres queridos, ocurrido en el distrito de Pataz, región La Libertad, el pasado 26 de abril de 2025. Según las primeras versiones, los trabajadores habrían sido capturados por la temida banda criminal denominada “Cuchillo”, vinculada a actividades de minería ilegal en la zona.
Los familiares, desesperados ante la falta de respuestas oficiales, organizaron un plantón en la Plaza de Armas de Trujillo, portando pancartas y carteles donde piden a gritos la pronta liberación de sus seres queridos. “Pedimos a las autoridades que no nos abandonen, cada minuto que pasa es vital”, declaró entre lágrimas Irma Valeriano, tía de Frank Jesús Monzón Valeriano, uno de los trabajadores secuestrados.
Irma Valeriano solicitó directamente al gobernador regional César Acuña que proporcione vehículos y logística a la Policía Nacional del Perú (PNP) para facilitar el acceso a la remota zona donde estarían retenidos los trabajadores. “La familia está destrozada. Frank tiene solo 24 años. No sabemos en qué condiciones se encuentra. Necesitamos ayuda urgente del gobernador y del Gobierno”, expresó al medio Correo.
En paralelo, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, expresó su total solidaridad con los familiares y se sumó al pedido de una intervención inmediata del Estado. En declaraciones para RPP, el burgomaestre informó que, según comunicación con el jefe policial de la jurisdicción, “hasta la fecha no se ha registrado ninguna denuncia formal en la comisaría del sector sobre este hecho; sin embargo, se ha iniciado una investigación de oficio”.
Este dramático suceso se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en diversas regiones del país. En Huaraz, por ejemplo, un huaico dejó un saldo trágico de dos fallecidos, un desaparecido y numerosos daños materiales, tras el desborde de un río y la activación de una quebrada. Ante esta situación, las autoridades locales han solicitado la intervención inmediata del Ejecutivo. Asimismo, en Ayacucho, el Colegio Luis Carranza de Huamanga sufrió severos daños debido a intensas lluvias y granizadas.
En el caso de Pataz, la preocupación aumenta por la falta de información precisa sobre el paradero y estado de los secuestrados. La lista preliminar de presuntas víctimas incluye los nombres de: Nilver Joel Pérez Chuquipoma (24), César Rospigliosi Arellano (39), Frank Jesús Monzón Valeriano (24), Jhon Cristian Facundo Inga (30), Franklin Vicente Facundo Inga (24), Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez y Juan Ñaupari Salva, siendo estos ocho de los trece retenidos, según reportes recogidos por el Diario El Comercio.
Las autoridades locales no descartan que la cifra de víctimas aumente, dado que la zona en la que se produjo el secuestro está controlada por grupos delincuenciales que operan en complicidad con mafias dedicadas a la minería ilegal. Estas organizaciones armadas, como la de “Cuchillo”, imponen su dominio mediante la violencia, secuestros y extorsiones a quienes se interponen en sus intereses.
Mientras tanto, la empresa R&R, encargada de la seguridad en operaciones mineras en la zona, no ha emitido un pronunciamiento público sobre lo ocurrido. Fuentes cercanas señalan que se encuentran coordinando con las autoridades policiales y judiciales para colaborar en las investigaciones y recuperar a sus trabajadores sanos y salvos.
“Nuestros familiares no tienen nada que ver con los conflictos ilegales. Solo iban a trabajar, a ganarse la vida. No pueden quedar en manos de delincuentes sin que nadie haga nada”, sostuvo uno de los manifestantes durante la protesta en Trujillo.
Diversos colectivos civiles y organizaciones defensoras de los derechos humanos también se han sumado al pedido de intervención estatal, solicitando que el Gobierno central, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, articule acciones concretas para rescatar a los trabajadores secuestrados.
Además, se exige que se refuercen las medidas de seguridad en las zonas mineras de La Libertad, donde desde hace años se vienen reportando casos de violencia asociada a la minería ilegal, sin una respuesta estructural efectiva por parte del Estado. “Es necesario un plan integral que incluya presencia policial permanente, inteligencia operativa y desarrollo económico legal para la zona”, señalaron expertos consultados por medios locales.
En medio de este contexto de crisis, la población de Pataz vive con temor y desconfianza, mientras los familiares de los secuestrados continúan sus vigilias, aferrados a la esperanza de que sus seres queridos regresen con vida. El país espera que las autoridades respondan con firmeza, celeridad y transparencia ante este grave hecho que pone en evidencia una vez más la fragilidad de la seguridad en las zonas más alejadas del país.