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Mediante Decreto Supremo N° 008-2018-MINAM, el Ministerio del Ambiente ha aprobado disposiciones para la implementación, operación e interoperabilidad de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental gestionada por el Senace, impulsando de esta manera que la evaluación ambiental sea más eficiente y realmente digital. Esta iniciativa, producto del trabajo coordinado y articulado con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios y entidades que participan en la evaluación ambiental, demuestra el compromiso del Estado de trabajar en equipo para el beneficio de todos los peruanos.
Además de la interconexión tecnológica que permitirá la Plataforma Informática del Senace, las entidades que participan en el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental trabajarán de forma 100% digital, lo que permitiría optimizar el manejo de la información y de los recursos, así como reducir los tiempos de los procedimientos en beneficio de la ciudadanía.
“De un lado, los titulares de los proyectos de inversión públicos y privados serán beneficiados porque recuperaremos tiempos muertos propios de una evaluación tradicional, basada en papel. Hemos calculado que desde que llega el expediente de una entidad a otra se pierden 4 ó 5 días hábiles, y este viaje puede ocurrir varias veces, de ida y vuelta, durante el proceso de certificación ambiental. Con la plataforma informática, el viaje del expediente se reduce a un clic “, explicó Patrick Wieland, jefe del Senace. “De otro lado, el ciudadano también se beneficia porque se facilitará el acceso a información ambiental, ganando en transparencia, y ello fortalecerá también la participación ciudadana en el proceso de certificación ambiental”, agregó.
A través de la Plataforma Informática del Senace se podrán tramitar los siguientes procedimientos: Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), de la modificación del EIA-d, del Informe Técnico Sustentatorio (ITS); Clasificación de proyectos de inversión y aprobación de términos de referencia; y la Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), entre otros.
El Decreto Supremo establece la conformación de un grupo de trabajo multisectorial y un plazo de 180 días calendario para que la Plataforma Informática sea implementada. Asimismo, establece que las entidades que intervienen en el proceso de Certificación Ambiental deben adecuar sus sistemas informáticos para garantizar el funcionamiento en el plazo indicado. Estas entidades son los ministerios del Ambiente, de Cultura, de la Producción y de Agricultura y Riego, el Organismo Supervisar de la Inversión en Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto del Mar del Perú, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Senace.
“La evaluación de un estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) es muy compleja, en el que participan más de una docena de instituciones especializadas que emiten opiniones técnicas para enriquecer el documento. Su participación en la implementación de esta iniciativa de gobierno digital es fundamental, ya que garantiza una verdadera interoperabilidad y articulación entre entidades y permite seguir mejorando en el cumplimiento de los plazos de evaluación”, señaló Wieland.
Con esta decisión, el Estado reafirma su compromiso con el fomento de la ecoeficiencia en la gestión pública. Un EIA contiene miles de páginas, las cuales deben ser revisadas por especialistas de varias entidades públicas. Ello significa un gasto importante en uso de papel y energía. A través de la evaluación ambiental digital se da un paso firme hacia una gestión pública “cero papel”.
La Plataforma Informática del Senace se integrará a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), constituyendo un esfuerzo del Estado en materia de simplificación administrativa, integración y uniformización de procedimientos.