La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) afirmó que existe en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) un proyecto que pretende imponer un cobro excesivo por el uso de aguas subterráneas, que casi duplicaría los costos actuales.
“Se quiere utilizar el concepto de monitoreo y gestión, para recaudar montos irracionales cuestionables técnicamente”, cuestionó.
Como se recuerda, la Sunass recientemente hizo público un estudio que propone que las industrias paguen en promedio S/3,20 si consumen más de 1.000 metro cúbicos al mes. Es decir, si consumen más de 1 millón de litros mensualmente. Actualmente las empresas pagan alrededor de S/1,55 por cada metro cúbico consumido.
Asimismo, el gremio sostuvo que por ley, el único cobro por uso de aguas subterráneas que las empresas están obligadas a pagar es el referido al concepto de Retribución Económica, el cual la industria cumple puntualmente con abonar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La SNI dijo que los pagos a las empresas prestadoras de servicios, como Sedapal que se establezcan por concepto de monitoreo y gestión, deberán ser cancelados por las empresas siempre que dicho cobro se justifique en base a los servicios que realmente se presten.
Verdadero Costo
Sobre el particular, recientemente Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, indicó a El Comercio que a la fecha los 20 principales usuarios de agua subterránea, que explican más del 90% del consumo, pagan a la ANA una retribución económica por el uso del agua que: “es muy baja, y no refleja el costo económico del recurso”.
“Por esta razón, y al amparo del Decreto Legislativo 1185 Sunass ha establecido una tarifa de monitoreo y gestión del agua subterránea que está orientada a garantizar la recuperación y sostenibilidad del acuífero que alimenta a la ciudad de Lima. La idea es que la paguen todos los usuarios no agrícolas del acuífero”, dijo.
El experto en regulación indicó que la metodología propuesta por Sunass consiste en estimar la inversión en infraestructura requerida, incluyendo sus respectivos costos de operación y mantenimiento, para generar fuentes alternativas de agua que eviten la sobreexplotación del acuífero y garanticen su sostenibilidad. Por ejemplo, a través de reservorios y plantas de potabilización.
Por último, el gremio industrial opinó que en una etapa en la que la inversión privada y los empleos formales caen, encarecer innecesariamente los costos a las empresas, resta competitividad, ahuyenta las inversiones e incrementa los precios de los productos en desmedro del consumidor.
Fuente: El Comercio