Gremio industrial calificó como “daño a la institucionalidad” pretender sustituir labor del Minem, Osinergmin y COES, en materias técnicas y específicas.
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Presidente de la SNI sostuvo que marco regulatorio del sistema eléctrico data de 1992 y debe ser actualizado con participación de entes técnicos y especializados en problemática energética.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, señaló que es urgente una reforma eléctrica para la obtención de tarifas competitivas, debiendo ser el Congreso de la República un aliado para el impulso de esta iniciativa, cuya finalidad sea la salvaguarda de precios competitivos para los hogares peruanos, promoción de la competitividad y productividad de la pequeña, mediana y gran empresa y, por ende, la creación de empleo masivo formal.
Márquez sostuvo que el sistema eléctrico cuenta con un marco regulatorio que data de 1992 y que, en su momento, ha permitido promover inversión eléctrica y mejorar el acceso a la electricidad de la población; sin embargo, dadas las tendencias mundiales, la realidad ha cambiado y hace indispensable definir y ejecutar en el corto y mediano plazo, una reforma eléctrica que permita ingresar a un ambiente real de libre mercado.
“La reforma eléctrica debe diseñarse mediante un proceso transparente que involucre la participación de todos los representantes del mercado eléctrico y técnico con entidades profesionales en materia energética. Es urgente que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emita prontamente medidas viables en el corto plazo que impulsen una revisión integral del marco normativo que promueva la competencia e inversión sostenible en el mercado eléctrico”, refirió.
En ese sentido, el líder gremial como representante del sector industrial, actividad económica que genera más de 1,5 millones de empleos y que adquiere más del 25% del consumo eléctrico nacional, y delegado de la plataforma de pymes y del Comité de la Pequeña Industria de la SNI, expresó su preocupación por las iniciativas legislativas existentes en materia de energía, las cuales de ser aprobadas i) encarecerían la canasta familiar y ii) limitarán la capacidad de crecer y competir de la producción nacional, en especial de la pyme; perforando los pilares de eficiencia y competencia que soportan el sistema eléctrico peruano por más de 25 años.
“Estas propuestas legislativas pretenden cargar mayores tarifas eléctricas a todos los consumidores, trasladándose como costos variables diversos costos fijos por gas natural que son producto de obligaciones contractuales de empresas eléctricas; y obligar a las pymes a permanecer como clientes de monopolios eléctricos, impidiéndoles negociar libremente con las decenas de proveedores eléctricos que existen y así acceder a tarifas competitivas”, puntualizó.
Afirmó que si bien estas iniciativas podrían tener como efecto una marginal reducción de corto plazo de hasta 0.5% de las tarifas eléctricas (en un recibo de 50 soles, 25 céntimos menos), de forma progresiva sí se generará un incremento neto y permanente del orden de 10%, como lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al Congreso y a la opinión pública.
Así, el empresario industrial remarcó que si estos proyectos de ley tuvieran éxito, se reducirá la eficiencia y la competencia en perjuicio de 7 millones de familias, 600 mil microempresas y 2 mil entidades públicas, las cuales sufrirían un incremento neto permanente de sus tarifas eléctricas del orden de S/. 500 millones/año, según proyecciones del Osinergmin. Asimismo, agregó que la pyme pagaría una facturación hasta 40% mayor a la que podría pagar si pudiera elegir libremente a quién comprar energía.
Ante ello, Márquez propuso que la reforma eléctrica sea liderada por el Minem y considere prácticas internacionales como i) flexibilizar el acceso al mercado libre de electricidad, reduciendo la restricción para ser usuario libre a 50 KV; ii) impulsar la inversión en generación eléctrica con recursos renovables (eólica y solar); iii) promover la generación distribuida y la comercialización de electricidad; y iv) fomentar la transparencia en la determinación de precios de electricidad.
Diálogo permanente
Márquez señaló que ante las distorsiones y oportunidades en el sistema eléctrico nacional, es oportuno el diálogo entre el Minem, Osinergmin y el Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (COES), no existiendo ningún escenario que justifique destruir la institucionalidad a través de la sustitución del rol rector y técnico en el sector energía que tiene el Poder Ejecutivo a través de proyectos de ley del Poder Legislativo.
“Minimizar o hasta desaparecer al Minem y al Osinergmin como algunos analistas apoyan es un atentado contra la institucionalidad de los ministerios en nuestro país. Sin dejar de reconocer el esencial rol político y legislativo del Congreso, consideramos que es un serio daño a la institucionalidad del país sustituir la labor del Minem, Osinergmin y del COES, en materias altamente técnicas y específicas que son competencia y especialidad de entidades expertas del Poder Ejecutivo”, finalizó.