- Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, exige que el debate sobre la Ley MAPE se retome en la próxima legislatura con una Comisión de Energía renovada que garantice imparcialidad y rigor técnico.
En declaraciones recogidas por Perú21, Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, advirtió que el predictamen actual de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), lejos de promover la formalización responsable del sector, favorecería a los mineros informales con beneficios tributarios, servidumbre minera y una preocupante falta de control ambiental y legal.
Para Torreblanca, el texto actual no ha sido evaluado con la rigurosidad necesaria y evidencia una fuerte parcialidad: “Se nota que no es transparente ni independiente. Necesitamos asegurar que sea técnico, porque va a definir las reglas del juego para un sector tan delicado como la minería artesanal”, enfatizó.
Incentivos tributarios
Uno de los principales cuestionamientos de la SNMPE es la creación de un régimen tributario exclusivo para los pequeños mineros, que otorgaría tasas preferenciales sin análisis del impacto fiscal ni del efecto en la economía nacional.
Torreblanca comparó esta situación con la de las micro y pequeñas empresas (mypes): “Una mype paga 10% de Impuesto a la Renta por ingresos menores a 15 UIT (S/ 80,000), mientras que este nuevo régimen permitiría pagar menos del 10% por ingresos de hasta S/ 1.3 millones”. Esta diferencia resulta discriminatoria, especialmente considerando que los mineros informales no cumplen con estándares ambientales ni de seguridad laboral, afirmó.
Renapma
Otro de los cambios cuestionados por la presidenta de la SNMPE es la sustitución del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) por el nuevo Renapma. Mientras el Reinfo establecía un plazo límite y prohibía actividades en zonas protegidas, el Renapma propone la continuidad de operaciones mientras no exista una sentencia judicial firme, hecho que —según Torreblanca— podría incentivar la minería ilegal en territorios intangibles como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y concesiones vigentes.
Además, alertó que el nuevo registro ampliaría de manera encubierta el plazo de formalización más allá del 31 de diciembre de 2025, vulnerando los objetivos de legalidad y sostenibilidad del sector.
Preocupación por la servidumbre minera y la reducción de concesiones
Uno de los puntos más delicados del predictamen, según Torreblanca, es la introducción de la figura de servidumbre minera, que habilitaría a los mineros inscritos en el Renapma a operar en concesiones ajenas sin necesidad de contrato de explotación. Esta disposición implicaría, en la práctica, la usurpación de derechos legítimos y una amenaza directa a la propiedad privada y la inversión formal.
Asimismo, la propuesta legislativa contempla reducir el plazo de las concesiones mineras de 30 a solo 10 años, lo cual resulta inviable para los procesos técnicos que requiere el desarrollo minero, como estudios geológicos, permisos ambientales y sociales, y fases de exploración detalladas.
SNMPE pide reinicio del debate en condiciones transparentes
Ante este panorama, Julia Torreblanca solicitó que el debate de la Ley MAPE se postergue hasta la próxima legislatura, con una nueva Comisión de Energía que garantice independencia, transparencia y competencia técnica. La SNMPE considera que la versión actual del predictamen constituye un peligro para la institucionalidad minera, el medio ambiente y la recaudación tributaria del país.
“No se puede premiar la informalidad ni debilitar la institucionalidad. Se requiere un marco legal coherente que fomente la formalización verdadera, con reglas claras, exigencias ambientales, tributarias y de seguridad”, concluyó la representante del gremio.