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Como producto del desarrollo de la minería formal, seis regiones del sur del Perú han recibido un total de 5,035 millones de soles de canon minero en el quinquenio 2015 – 2019, indicó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli.
En el marco de la 34 Convención Minera (PERUMIN), explicó que entre los años 2015 al 2019 los gobiernos regionales y municipales de Arequipa percibieron S/.1,579 millones, de Moquegua S/.867 millones, Tacna S/. 864 millones, Puno S/. 475 millones, Ica S/. 543 millones y Cusco S/. 707 millones.
En dicho período –informó- que la región que más recursos económicos percibió como canon minero fue Ancash con S/. 3,340 millones de soles.
El presidente de la SNMPE informó que en el presente año como resultado del Ejercicio Fiscal 2018, el gobierno central hizo entrega de 2,898 millones de soles por concepto de canon minero a los municipios y regiones del país
El Ministerio de Economía y Finanzas –anotó- ya terminó en julio último con la distribución del canon minero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 y Arequipa recibió S/. 410 millones, Moquegua S/. 194 millones, Tacna S/. 219 millones, Cusco S/. 228 millones, Ica S/. 100 millones y Puno S/. 68 millones.
En conjunto estas seis regiones del sur recibieron un total de S/. 1,219 millones, cifra que representó el 42% de lo distribuido este año a las regiones donde se desarrolla la industria minera.
Asimismo, citó que Ancash fue la región que más transferencias de canon minero recibió por el Ejercicio Fiscal 2018 al corresponderle 1,031 millones de soles.
“Para maximizar el impacto positivo de la minería sobre el desarrollo económico local y regional, es necesario perfeccionar el funcionamiento del canon minero, a fin de asegurar que su uso sea eficaz para cerrar las brechas sociales y de infraestructura que arrastra el país”, señaló.
En ese sentido, manifestó que es necesario focalizar mejor los recursos del canon revirtiendo su sesgo urbano e invertir en obras esenciales en las comunidades y centros poblados más cercanos a las operaciones mineras; así como implementar mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos para evitar la corrupción.