Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE (Foto: ProActivo)
ProActivo | El inicio del 2026 marca un escenario de oportunidad crítica para el Perú. Con precios internacionales en niveles históricamente altos, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) proyecta que el sector mantendrá su rol como el principal motor de la economía nacional, representando en promedio el 16% de la inversión privada del país. Sin embargo, la consolidación de este crecimiento depende de una agenda legislativa técnica, centrada en una nueva Ley MAPE que sustituya al cuestionado sistema Reinfo.
Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, subrayó que la minería formal ha iniciado el año con un impulso favorable, pero advirtió que la materialización de la cartera de US$ 63,000 millones —compuesta por 65 proyectos— requiere celeridad gubernamental para aprovechar la actual “ola de precios”. Aunque para este 2026 no se prevén proyectos nuevos (greenfield), la inversión superaría el crecimiento del 7% registrado en 2025, apalancada en ampliaciones (brownfield) y sostenimiento de operaciones existentes.
El presente artículo ha sido elaborado a partir de información de la revista institucional Desde Adentro (SNMPE), complementada con declaraciones y datos exclusivos recogidos por Revista ProActivo en el marco del foro internacional IMARC 2025.
El factor institucional y la lucha contra la ilegalidad
En línea con la cobertura de ProActivo desde Sídney (Australia), Torreblanca ratificó que uno de los retos institucionales más urgentes es la defensa del régimen constitucional de concesiones. Según declaraciones previas recogidas por este medio, el gremio busca frenar las distorsiones del Reinfo mediante una Ley MAPE técnica que establezca un régimen permanente para la pequeña minería, evitando que economías ilegales afecten la seguridad jurídica y la reputación del sector.
“Debemos estar alertas ante la influencia de las economías ilegales en las próximas elecciones generales”, advirtió Torreblanca, haciendo un llamado a la transparencia en el financiamiento de campañas para proteger la economía legal, un eje que ProActivo ha destacado como vital para la sostenibilidad del país.
Energía e Hidrocarburos: Entre la transición y la urgencia operativa
El análisis sectorial también pone énfasis en la dependencia energética. Actualmente, el Perú importa cerca de US$ 10,000 millones anuales en hidrocarburos, una cifra que el gremio busca reducir mediante la reactivación del upstream. Torreblanca señaló que es imperativo que el Gobierno concrete medidas sobre la situación de Petroperú, calificando como “un plazo largo” los 60 días otorgados a ProInversión para plantear soluciones, dada la incertidumbre en la cadena de pagos.
Finalmente, en el ámbito eléctrico, la SNMPE enfoca su estrategia en la reglamentación de la Ley N.° 32249 para asegurar la predictibilidad regulatoria. Para la transición energética, el gas natural se consolida como el insumo estratégico que permitirá integrar energías renovables sin comprometer la seguridad del sistema nacional, un pilar que el gremio defiende para alcanzar una descarbonización ordenada y realista.
Razones de la SNMPE para tener la Ley MAPE como alternativa al Reinfo
Una Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Escala) es un cambio de paradigma legal. Julia Torreblanca ha sido enfática: el sistema actual ha agotado su viabilidad. Aquí las tres razones fundamentales del gremio:
- De la “Provisionalidad” a la “Permanencia”
El Reinfo nació como un registro temporal para la formalización, pero tras múltiples prórrogas (la última hasta diciembre de 2026), se convirtió en un estado de “indeterminación jurídica”. La propuesta Ley MAPE busca establecer un Régimen Permanente. Esto significa que el minero no “está formalizándose” eternamente, sino que entra en un marco de cumplimiento con reglas claras, derechos y deberes definidos por ley, eliminando la incertidumbre del “escudo” temporal.
- Trazabilidad frente a economías ilegales
Otro cuestionamiento al Reinfo es que en algunos casos, sirve para “blanquear” mineral extraído de zonas prohibidas o concesiones de terceros sin consentimiento. La ley MAPE en propuesta pone énfasis en la trazabilidad de la cadena de valor (desde el socavón hasta la planta). Al exigir términos de referencia técnicos y ambientales específicos, se busca separar al minero que quiere trabajar legalmente de las organizaciones criminales que utilizan la precariedad del registro actual para operar.
- Fortalecimiento de la Institucionalidad
El Reinfo ha generado conflictos de superposición de derechos mineros. La SNMPE sostiene que esto debilita el Régimen Constitucional de Concesiones. Con la Ley MAPE se busca que la pequeña minería conviva con la mediana y gran minería bajo contratos de explotación o acuerdos de beneficio mutuo que sean fiscalizables por el Estado. Esto refuerza la seguridad jurídica, un punto que Torreblanca destacó en Sidney, que es vital para atraer los US$ 727 millones pendientes en exploración.
El impacto para el 2026
Para la SNMPE, el 2026 es el año de la “limpieza” regulatoria. La Ley MAPE se presenta como la herramienta para que el Estado recupere el control del territorio, garantizando que el financiamiento de las economías ilegales no se filtre en el proceso electoral que se avecina.
Datos Clave:
- Cartera de exploración estimada: US$ 727 millones, el avance sigue condicionado a la simplificación administrativa.
- Liderazgo en minerales críticos: Perú posee 8 de los 17 minerales esenciales para la transición energética global.
- Hidrocarburos: Se espera la adjudicación de los Lotes VI y 206 en 2026.