Se agrava la crisis del sector hidrocarburos
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El Perú y su industria hidrocarburífera pierden dos millones de dólares diarios como consecuencia de la violenta toma de la Estación 5 de PetroPerú y la paralización de las operaciones del Oleoducto Norperuano, informó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Asimismo, denunció que en menos de tres semanas el Oleoducto Norperuano nuevamente ha sufrido un nuevo ataque a su infraestructura; esta vez, a la altura del kilómetro 371 del tramo II en Amazonas; provocando un derrame de crudo que ya está siendo controlado por un equipo especializado.
“No podemos mantenernos indiferentes frente a los reiterados sabotajes contra un activo critico nacional tan importante para la seguridad energética del país. Resulta fundamental que el Estado actue para detener estos hechos delictivos y salvaguardar la integridad de esta infraestructura que es propiedad de todos los peruanos”, comentó.
El Oleoducto Norperuano –añadió- registra 29 actos de sabotaje en distintos tramos desde el año 2014, situación que afecta la situación financiera de PetroPerú, empresa púbica que ha tenido que invertir más de 270 millones para la reparación de los daños ocasionados.
Ocupación ilegal
De otro lado, indicó que la ocupación violenta de las instalaciones de la Estación 5 –ocurrido el último sábado en Loreto- por 400 nativos armados con lanzas también tuvo como objetivo cortar las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), lo que ha provocado que cinco empresas petroleras que operan en la región no puedan evacuar su producción hacia la refinería de Talara.
La suspensión de las operaciones –anotó- ya ha causado pérdidas por más de 8 millones de dólares, no solamente para las compañías petroleras sino también para el Estado y la región Loreto, que verán mermados sus ingresos por regalías y canon petrolero.
“Esta situación no hace más que agravar la crisis por la que atraviesa el sector hidrocarburífero peruano, golpeado por la caída de la producción, perdida de reservas y contracción de la inversión”, afirmó.
En ese contexto, dijo que resulta urgente que las autoridades gubernamentales restablezcan el principio de autoridad y resguarden la seguridad de las comunidades que rechazan estas acciones violentas.