Southern Perú en el Congreso

  • Representantes de la empresa advierten el posible cierre de la operación minera de Cuajone.

En el marco de su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, y el superintendente de Relaciones Públicas, Guillermo Vidalón, señalaron que el acta firmada por la Comitiva de Alto Nivel del Ejecutivo, Southern Perú y representantes de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, el pasado 12 de abril, no incluye el cese inmediato de la medida de fuerza tomada por los comuneros en contra de la mina Cuajone.

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Durante su presentación, los representantes de Southern Peru precisaron que la mina ya va a cumplir dos meses de paralización y manifestaron su inquietud frente a la falta de soluciones claras y específicas para resolver el conflicto. “A la fecha, las autoridades han dialogado, pero no han intervenido para recuperar el orden y garantizar la seguridad de nuestros 1300 trabajadores y sus familias”, precisaron.

Agregaron que, en el acta firmada tras la reunión, se exige a la empresa retirar las denuncias contra los promotores de este sabotaje, aun cuando continúa el bloqueo de la vía férrea para el transporte de minerales e insumos y la toma del reservorio artificial de Viña Blanca, que abastece de agua a la operación y al campamento minero que acoge a más de 5000 personas.

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Sostuvieron, además, que las denuncias de la empresa han sido realizadas directamente contra dos promotores: Dionilde Flores Calisaya, presidenta de la comunidad, e Iván Mendoza, uno de los dirigentes. Trabajadores de Southern Perú también han presentado dos solicitudes de Hábeas Corpus contra este bloqueo y la falta de agua.

Los representantes de Southern Perú solicitaron a los congresistas, miembros de la Comisión de Energía y Minas, el apoyo oportuno de las autoridades a fin de evitar el cierre de la mina y las consecuencias económicas para el país. “Si cerramos un año, el Estado dejaría de percibir más de S/3100 millones por impuestos y regalías, y se perderían 8000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso es lo que queremos evitar”, acotaron.

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Como se recuerda, hace más de 50 días los miembros de comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala bloquearon la vía férrea, impidiendo así las actividades de la mina Cuajone. En consecuencia, más de 5000 personas, incluyendo trabajadores y sus familias, se ven privados del servicio regular de agua, así como su derecho al trabajo en un ambiente de inseguridad ante las acciones de los manifestantes. A ello, se suma el colapso del Hospital de Cuajone (Nivel II) y la postergación del inicio de clases presenciales en la localidad, lo cual afecta a más de 600 escolares.