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La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera que el reciente nombramiento de Salvador del Solar en el cargo de Premier, abre una magnifica oportunidad al Gobierno para adoptar medidas reales y eficaces que permitan reactivar el crecimiento del país y esto pasa, necesariamente, por alentar a la industria nacional, entre ellas la de hidrocarburos.
“Los tres años de este Gobierno han sido de incertidumbre e indefiniciones y no debemos consolarnos diciendo que esto se debe únicamente a la crisis política que enfrentó el país, eso sería ser muy condescendiente. El cambio pasa también por aceptar los errores y no volver a cometerlos”, dijo Felipe Cantuarias presidente de la SPH.
Consideró que es urgente que el nuevo Premier, en el caso del sector hidrocarburos, tome la meta planteada por Perupetro para llegar a los 100 mil barriles diarios de producción al 2021 y se implementen todas las medidas multisectoriales para alcanzar ese objetivo. Y que así debería hacerse también en materia de salud, educación, infraestructura y todo lo que tenga que ver con un desarrollo real del Perú.
“No se trata solo de regalías y canon, reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos significa también miles de empleos directos e indirectos, trae un rebote positivo a las economías locales en regiones, provincias y distritos, pero para lograrlo también es necesario implementar algunos cambios y eso pasa por tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo, tener un norte, un plan, una visión de país y esa ha sido la principal carencia del gobierno”, dijo.
En enero, la producción de petróleo fue una de las más baja de los últimos quince años, somos un importador neto de crudo. En el 2018 las importaciones de hidrocarburos superaron los 6 mil millones de dólares.
“A fines de 2017, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para actualizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el objetivo era rescatar el sector de la grave crisis que lo aflige. En base a ese proyecto, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen por mayoría y a fines del 2018 pasó para ser debatido en el Pleno, sin embargo, los ministerios del Ambiente, Cultura y Economía enviaron observaciones y hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha consensuado un nuevo texto en los términos suficientes y necesarios para reactivar la industria”, recodó.
“Nos preocupa de sobremanera las demoras por sacar adelante el sector, más aún considerando que la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos permitiría destrabar de inmediato US 5,000 millones de nueva inversión, duplicar la producción de crudo e incrementar el pago de regalías, canon y recuperación del empleo formal en regiones con economías deprimidas”.
“Ahora se habla de importar más crudo de Ecuador y gas de Bolivia, poniendo en manos de otros países el abastecimiento nacional de hidrocarburos, lo cual afecta la política de seguridad energética del Perú”.
“Abandonar la industria peruana de hidrocarburos es perjudicar de manera directa el presupuesto de las regiones productoras, dificultar su desarrollo, privarlas de los ingresos por canon a los que tienen derecho y eliminar una fuente de trabajo y de dinamismo para su economía local”, insistió.
Además, el Ministerio del Ambiente quiere crear un área marina protegida sobre zonas con importantes reservas de hidrocarburos y con lotes en exploración y producción en Tumbes y Piura que afectaría cientos de millones en inversión y el 50% de la producción actual.
“Sobre este último punto nosotros hemos explicado a la ministra del sector que de acuerdo a los antecedentes legales, y debido a lo que estipula la actual Ley de Áreas Naturales Protegidas (que fue aprobada en 1997) existe el riesgo legal real y altamente probable, que por mandato judicial las actividades de exploración y explotación sobre las cuales se cree la reserva, serán paralizadas, tal como ocurrió con los lotes 103 y 116. Sin embargo, y pese a las opiniones en oposición del MINEM, PRODUCE y el MEF, debido a la falta de sustento técnico y el incumplimiento al debido proceso legal, los planes de crear esta reserva marítima continúan, sin que haya la intención de modificar la regulación para evitar los riesgos alertados y permitir que la conservación y el desarrollo económico vayan de la mano y se respete la seguridad jurídica”, enfatizó.