Gobierno debe atender nuevas amenazas contra el Oleoducto Norperuano.
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La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera indispensable que el gobierno actúe de manera oportuna, preventiva y en cumplimiento de la ley ante las nuevas amenazas contra el funcionamiento del Oleoducto Norperuano (ONP)
El acuerdo con la comunidad de Mayuriaga, firmado por el ex premier, días antes de dejar el cargo, ha creado un pésimo precedente, porque se accedió al chantaje de quienes rompieron el ducto y derramaron más de 8 mil barriles de petróleo sobre fuentes de agua, un crimen ambiental por el cual nadie ha sido detenido aún.
Ese atentado, perpetrado el 27 de noviembre de 2018 y que no pudo ser atendido por Petroperú, porque los autores lo impidieron por más de 70 días, ha provocado no sólo una grave contaminación sino, además, pérdidas del valor de producción de petróleo por más de 15 millones de dólares mensuales por lo cual el Estado tampoco percibió regalías, pago de impuestos y las regiones de Loreto y Ucayali perdieron el canon correspondiente a ese período.
Los autores de este ataque protestaban porque estaban en desacuerdo con el resultado de las elecciones municipales y porque el Jurado Nacional de Elecciones había definido en contrario a lo que ellos esperaban, ratificando los resultados de las elecciones, un tema que nada tenía que ver con el funcionamiento del ONP.
Ahora un grupo de dirigentes de la denominada Cinco Cuencas en Loreto, ha anunciado que la primera semana de abril tomarán los ríos de la región y asaltarán las instalaciones el ducto para cerrar sus válvulas.
Es indispensable que el gobierno restituya el principio de autoridad en esta región y aplique las leyes que corresponden, teniendo en consideración que el ONP es un activo crítico nacional y que se encuentra vigente el Decreto Legislativo Nº 1292.
Dicha norma tiene como objeto “garantizar la confiabilidad del abastecimiento de hidrocarburos al mercado interno a través de la operación segura del Oleoducto Norperuano y promover el desarrollo de las actividades de hidrocarburos en el país”.
Además, está el Decreto Legislativo Nº 1245 que establece pena privativa de la libertad de hasta 10 años, para quienes dañen y afecten de manera deliberada la operación del ducto que es propiedad del Estado.
El gobierno debe atender con prontitud y eficacia los legítimos reclamos de las comunidades que requieren acciones concretas para su desarrollo, pero al mismo tiempo debe sancionar con rigor a quienes infringen la ley y en ningún caso acceder a un chantaje, es una práctica inaceptable que pone en riesgo el orden público y alienta la criminalidad como una forma de alcanzar objetivos.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la actividad productiva de Loreto viene creciendo desde el primer trimestre de 2017 y presentó una expansión de 14,7% en el cuarto trimestre de 2018 principalmente por la buena actividad del subsector hidrocarburos. Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos son un activo indispensable de esa región y es deber del Estado garantizar su óptimo desarrollo.