ProActivo
El nuevo atentado contra el Oleoducto Norperuano (ONP) registrado hoy, hace necesario pedirle una vez más al gobierno que enfrente con mayor responsabilidad y compromiso el adoptar las medidas necesarias que la ley le faculta, para dar protección a este importante activo crítico racional y que evalúe con seriedad el grave daño económico, ambiental y reputacional que le significan al Perú este tipo de hechos.
Como ha informado PetroPerú, se trata de un acto deliberado y en un nuevo punto de la infraestructura, diferente al de los anteriores ataques.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tal como lo prevé la ley, deben prestar a la empresa las garantías necesarias para atender esta emergencia, controlar la fuga de crudo, contener los daños y rehabilitar la zona afectada.
Como gremio insistimos en la necesidad de que el gobierno lleve adelante una solución conversada con las comunidades, sin que ello signifique declinar a su deber de restablecer el orden y sancionar a quienes atentan contra la propiedad pública y privada y el cuidado del medio ambiente que es un valor colectivo.