La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) señaló que ninguna norma puede cambiar el contrato para que el Lote 192, en Loreto, sea operado por Petroperu y no por la empresa Pacific Stratus Energy, que tiene un contrato de operación por un periodo de dos años.
Si el presidente Ollanta Humala promulga la ley aprobada por el congreso, Petroperú podría entrar a operar el lote más productivo del país, pero recién dentro de dos años, siempre y cuando cumpla con los requisitos logísticos y económicos, afirmó el gremio de hidrocarburos. Añadió que si la petrolera estatal quisiera entrar a operar ahora, lo haría fuera de la ley.
“Si fuera forzosa no tiene el parámetro de las normas que están existentes, las vigentes que están en la constitución. No puede una norma modificar un contrato y esa es la en realidad la única lectura que podría existir por nuestro sistema legal existente”, precisó Manuel Galup, presidente del Comité Jurídico de SPH.
Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Henderson Rengifo, comentó que el tema ha sido politizado, porque la iniciativa para que Petroperú opere el lote 192 no ha sido parte de su agenda.
“La agenda de los pueblos indígenas no es Petroperú, es competencia del estado, del gobierno (…) y de esta manera pensamos incluso que la consulta previa va a ser simplemente un fracaso”, detalló Rengifo.
A su turno, Beatriz Merino, presidenta de la sociedad peruana de hidrocarburos, indicó que se debe reformar el manejo de conflictos sociales por parte del estado. Además destacó que explotar el 10% de las reservas probadas de hidrocarburos aportaría casi dos puntos más a la economía del país.
RPP
La Ley de la consulta previa en la práctica ha demostrado ser solamente una ley de los conflictos por que eso es lo único que genera, es una invitación y llamado a los antimineros para que protesten y pongan “peros” antiperuanos, fué dada por el actual gobiernos como una metida de pata sin ninguna visión de futuro del país tuvo fines populistas, se debe derogar o modificar por una de negociaciones.
Totalmente de acuerdo; sobre todo el Artículo 7° y la parte pertinente de su Reglamento.
Cierto, el tema se ha politizado en extremo, a tal punto que con la pretendida participación de Petroperú, se estaría vulnerando la Constitución Política en sus Artículos 60° (“Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de
manifiesta conveniencia nacional”; “La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”);79° (“Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear
ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”); 103° (DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, “La Constitución no ampara el abuso de derecho”). Si Petroperú sustituyera al contratista, se violaría el Artículo 62°(“Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, …”).
Por otra lado se pretende exonerar a Petroperú del Artículo 6° de la Ley 30130 de Modernización de la Refinería de Talara (“Petroperú puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, no afecten las garantías del PMRT y no demanden recursos al Tesoro Público”). Si la explotación del Lote 192 es tan valiosa como se sostiene en la Exposición de Motivos, por qué entonces tanto temor?. Lo real y concreto es que las reservas y volumen de producción del Lote 192 son sostenidamente declinantes, el precio del petróleo deprimido y los costos crecientes. No se pude enterrar la cabeza como el avestruz.
Por el lado de la consulta previa, ésta se ha convertido en un toma y daca económico en contra de lo que establece el Convenio OIT 169.
El Estado de derecho no está siendo respetado ni se hace respetar. La impunidad por actos de vandalismo está paralizando la inversión (Lote 8, Conga, Tía María, siguen).
En mi opinión, haría bien el Gobierno en no promulgar la ley.