Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (Foto: El Comercio)
Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) el Perú se arriesga a perder decenas de miles de empleos formales, afectando el futuro de numerosas familias peruanas, y a dejar de percibir millones de dólares en ingresos fiscales sin los cuales será imposible sostener los servicios públicos básicos en salud, educación, infraestructura y saneamiento, si es que las autoridades no logran garantizar la estabilidad jurídica y la predictibilidad regulatoria para el ingreso de nuevas empresas y la continuidad, bajo reglas claras de inversión, de aquellas que ya operan en el país.
La SPH hace un llamado al Gobierno a meditar y evaluar con rigurosidad sus decisiones, no solo en el aspecto jurídico sino también en el aspecto económico y social, principalmente por el impacto negativo que tendrán sobre los ingresos de miles de hogares.
Como ya se ha precisado, el anuncio unilateral del cese de actividades de cuatro operaciones mineras en Ayacucho significaría que 54,000 personas pierdan sus empleos (directos e indirectos) y que esa región deje de percibir más de S/ 70 millones de ingresos por canon minero (según la SNMPE).
No se trata de un hecho aislado, lo ocurrido es un poderoso mensaje para todos aquellos que quieran invertir en el Perú y tendrá un impacto negativo no solo en el valor de las empresas afectadas que ya se puede reflejar en las bolsas de valores donde cotizan, sino que es una pésima imagen para nuestro país y nos presenta como un destino que es poco confiable y riesgoso.
Nuestro gremio considera que necesitamos atraer más inversiones, que más empresas vengan al Perú y que más peruanos decidan invertir aquí, porque esa es la única forma de crear empleo digno y con derechos. El pueblo pide trabajar, ser el dueño de su destino, no quieren vivir de estipendios públicos porque eso nunca lo llevará al progreso ni a mejorar su calidad de vida.
En este momento el sector hidrocarburos vive una grave crisis en Loreto porque la población ha impedido la continuidad de sus operaciones como una forma de llamar la atención al Gobierno y que este cumpla con el plan de cierre de brechas que le fue prometido, el cual incluye la ejecución de 816 proyectos de inversión pública de los cuales a la fecha ninguno ha sido concluido y la gran mayoría no ha recibido presupuesto para el 2022.
Se necesita un trabajo eficaz y constante para hacer que los ingresos que se generan de la actividad privada, sobre todo aquellos que provienen de las actividades de la explotación de recursos naturales, se conviertan en desarrollo y bienestar para todos los peruanos. El propio Ministerio de Economía y Finanzas, informó al Congreso de la República que los pagos por regalía generados por las actividades extractivas durante estás últimas décadas, hubieran sido suficientes para cubrir hasta por 7 veces la brecha de infraestructura de todo el país.
Solicitamos al Gobierno abrir el camino del diálogo con acción efectiva y el consenso verdadero para recuperar la confianza y principalmente atender el reclamo de las comunidades de Loreto para restablecer la paz social en esa región.