Foto: MINEM
El proyecto Tía María vuelve al centro del debate tras la decisión del Consejo de Minería de anular la autorización que permitía el inicio de actividades. Esta medida fue formalizada mediante la Resolución N.° 236-2026-MINEM/CM, con importantes implicancias legales, económicas y sociales respecto al eventual desarrollo de esta iniciativa minera.
El Consejo de Minería consideró que la resolución que autorizaba el inicio de actividades no cumplía con el estándar formal exigido por el Reglamento de Procedimientos Mineros, particularmente en lo referido a la debida motivación técnica y legal del acto administrativo.
En ese sentido, se dispuso restituir el expediente a la Dirección General de Minería (DGM) para que evalúe nuevamente, conforme a lo actuado, si Southern Peru Copper Corporation (SPCC) ha cumplido con absolver la observación 5.1, referida al diseño detallado de botaderos, y la observación 9, vinculada al cronograma de ejecución de actividades, descritas en el Informe N.° 0127-2025-MINEM-DGM-DTM/PM. En consecuencia, se declaró la nulidad de oficio del acto administrativo, ordenando que el expediente regrese a la DGM para su respectiva revisión.
Esta decisión no implica la cancelación del proyecto, sino que exige la revisión y corrección del proceso administrativo con el objetivo de garantizar mayor transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento normativo.
El origen de esta decisión se encuentra en el Escrito N.° 4160012, presentado el 3 de noviembre de 2025 por la Municipalidad Provincial de Islay, mediante el cual se interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM, emitida por la DGM. El cuestionamiento central radica en la falta de debida motivación del acto administrativo, en contravención del principio establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, que exige que toda resolución esté debidamente fundamentada conforme al ordenamiento jurídico.
Voces a favor
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha destacado la relevancia del proyecto para la economía nacional. En esa línea, el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas, señaló que Tía María podría generar exportaciones por aproximadamente US$ 20,000 millones en un periodo de 20 años, además de contribuir a la generación de empleo y al dinamismo económico.
El proyecto de Southern Peru Copper Corporation contempla una inversión superior a US$ 1,800 millones y una producción estimada de 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre, consolidándose como una iniciativa estratégica para el sector minero peruano.
Declaratoria de interés nacional y alcances
De manera paralela a la controversia jurídica, el Estado peruano emitió la Resolución Ministerial N.° 121-2026-MINEM/DM, mediante la cual se declaró de interés nacional la ejecución del proyecto Tía María. Esta declaratoria reconoce su valor estratégico, pero no constituye una autorización para ejecutar la inversión.
Asimismo, se propuso la reserva de un área superior a 2,002.5089 hectáreas, ubicada en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay (Arequipa), con un horizonte de desarrollo de 22 años.
No obstante, la normativa es clara al señalar que la empresa titular deberá cumplir con todas las exigencias legales, así como obtener las licencias y permisos correspondientes antes de iniciar operaciones, bajo riesgo de sanciones administrativas, civiles y penales en caso de incumplimiento.
Controversia por transferencia de terrenos
En paralelo al proceso administrativo, han surgido nuevas tensiones en torno a la eventual transferencia de los terrenos requeridos para el proyecto. Diversos actores sociales han presentado una acción de amparo con el objetivo de frenar esta medida, argumentando posibles perjuicios económicos para el Estado.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el valor estimado de los terrenos, que oscilaría entre S/ 0.80 y S/ 1.20 por metro cuadrado, lo que representaría un monto total cercano a S/ 16 millones. Según los opositores, esta cifra sería considerablemente inferior al valor real de los recursos minerales presentes en la zona, como cobre y oro.
Asimismo, se advierte que la transferencia podría implicar un cambio en la naturaleza del proyecto, pasando de un esquema de concesión a uno de propiedad, lo que incrementa la preocupación sobre la gestión de los recursos y los beneficios para el país.