(Foto: GEC)
En un hecho que ha conmocionado a la región de La Libertad, los 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz fueron encontrados sin vida, presuntamente asesinados por sus captores en el interior de una mina. Este suceso pone en evidencia la grave crisis de seguridad que afecta a las zonas mineras del país.
Los cuerpos de las víctimas fueron hallados maniatados, vendados y con signos de ejecución en el cuello, en una zona conocida por la presencia de minería ilegal. Familiares de las víctimas, quienes habían iniciado la búsqueda por cuenta propia ante la falta de respuesta de las autoridades, confirmaron el hallazgo. Uno de los familiares declaró: “Ninguna autoridad se ha acercado a un familiar a darnos la noticia o a respaldar la situación (…) Ellos no los han encontrado (la Policía), sus propios compañeros de trabajo los han encontrado”.
Identificación de las víctimas
Entre los fallecidos se encuentran: Nilver Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Frank Jesús Monzón Valeriano, Jhon Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva y Darwin Javier Coveñas Panta. Los cuerpos serán trasladados a la morgue de Trujillo para su identificación y entrega a los familiares.
Reacciones y exigencias de justicia
La empresa Minera Poderosa, para la cual los trabajadores prestaban servicios a través de la compañía R&R, expresó su profundo pesar por lo ocurrido. Sin embargo, los familiares de las víctimas han manifestado su descontento por la falta de apoyo y comunicación por parte de las autoridades y las empresas involucradas. En declaraciones a medios locales, una familiar señaló: “Estamos totalmente abandonados por las autoridades, no tenemos apoyo de ningún tipo”.
Contexto de violencia en Pataz
La provincia de Pataz ha sido escenario de múltiples actos de violencia relacionados con la minería ilegal. Según informes, grupos delictivos han perpetrado ataques contra instalaciones mineras, incluyendo la destrucción de torres de alta tensión y secuestros de trabajadores. El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ha denunciado la inacción del Gobierno central ante la creciente inseguridad en la región.
Medidas del Gobierno
En respuesta a la masacre, el ministro del Interior, Víctor Torres, anunció la creación de un comité multisectorial para enfrentar la minería ilegal en la zona. Este comité estará conformado por personal de la Policía Nacional del Perú, incluyendo unidades de la Dinoes, Investigación Criminal, Inteligencia y Medio Ambiente, con el objetivo de proporcionar tranquilidad a la población local y al personal de trabajo.
Llamado a la acción
Organizaciones como la CONFIEP y Comex Perú han expresado su rechazo a la escalada de violencia en la región y han instado al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para abordar este problema. En un comunicado, la CONFIEP expresó: “Los gremios asociados de la pequeña, mediana y gran empresa de la CONFIEP expresan su rechazo a la escalada de violencia en todo el país”.
La tragedia en Pataz pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las zonas mineras y de implementar estrategias efectivas para combatir la minería ilegal y proteger a los trabajadores y comunidades afectadas.