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El posible control estadounidense del petróleo de Venezuela, según las afirmaciones recientes de Donald Trump, ha reabierto la discusión sobre el porvenir de los recursos naturales en esa nación sudamericana, además de sobre las implicaciones económicas, geopolíticas y sociales que podría tener una eventual intervención de Estados Unidos en el sector energético venezolano. El presidente estadounidense declaró que importantes empresas petroleras de su nación estarían dispuestas a invertir miles de millones de dólares para restaurar la infraestructura en mal estado y revitalizar la producción de crudo, que actualmente está muy por debajo de su capacidad.
Trump calificó al negocio petrolero venezolano como un “fracaso total”, haciendo énfasis en los bajos niveles de extracción y en la falta de inversiones sostenidas durante años. En efecto, Venezuela, que llegó a producir más de 2,5 millones de barriles diarios a comienzos de siglo, apenas logró superar el millón de barriles por día en 2024, su mejor cifra en más de cinco años. Este repunte, aunque significativo, sigue estando lejos de los niveles históricos que convirtieron al país en uno de los principales actores energéticos del mundo.
El sector tiene una crisis que tiene raíces profundas. La inversión privada sufrió un gran golpe después de que Hugo Chávez nacionalizara las compañías, y la situación se agravó aún más luego de que Estados Unidos impusiera sanciones en 2017 y las reforzara en 2019. La habilidad de PDVSA para mantener la producción ha sido restringida gravemente debido a la falta de seguridad jurídica, el deterioro de la infraestructura, el aislamiento financiero y los controles del Estado. En este escenario, un posible programa liderado por Washington significaría un cambio drástico para la economía de Venezuela.
De acuerdo con estimaciones de la Administración de Información Energética (EIA) estadounidense, Venezuela tiene el mayor depósito de petróleo extrapesado del planeta, que se encuentra en su mayoría en la Faja Petrolífera del Orinoco y equivale a aproximadamente el 17 % de las reservas mundiales.
Más allá del petróleo, el país cuenta con enormes reservas de gas natural, estimadas en 5,5 billones de metros cúbicos, lo que equivale al 73 % de las reservas de Sudamérica. Sin embargo, la falta de exploración y de infraestructura limita su aprovechamiento. Aunque el gas no parece ser una prioridad inmediata para Estados Unidos, su desarrollo permitiría diversificar las fuentes energéticas del hemisferio y reforzar la influencia de Washington en la región.
La atención de los Estados Unidos también se dirige hacia otros recursos estratégicos, como son los minerales de tierras raras y el oro. Sin embargo, estos sectores afrontan retos más grandes. La minería de oro en el Arco Minero del Orinoco se distingue por su elevada informalidad, la presencia de grupos criminales y la intervención de sectores militares, lo cual dificulta cualquier esfuerzo por controlar o industrializar a gran escala. El oro tiene riesgos políticos y sociales mucho más complicados que el petróleo, el cual se produce de manera más centralizada y lejos de las zonas urbanas.
Si Estados Unidos logra controlar el mercado energético venezolano, puede quitarle poder a países como Irán, China y Rusia. Estos tres han estado muy cerca de Caracas en los últimos años.
Pero llegar a un acuerdo con el chavismo todavía está lejos de ser seguro. La inseguridad jurídica, la falta de instituciones fuertes y el temor constante a expropiaciones ahuyentan a los inversores extranjeros. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro se ha mostrado un poco más flexible con algunas empresas desde las sanciones, la economía y la política del país siguen siendo un caos. Por eso, cualquier intento de controlar o asociarse a los recursos venezolanos necesita más que solo voluntad política. Hace falta una reforma real, reglas claras y garantías que duren. Sin eso, nadie se va a arriesgar en serio.