Por: Miguel Inchaustegui, Exministro de Energía y Minas
La pequeña minería y la minería artesanal (MAPE) siempre han sido vistas como un gran problema por resolver. Puestas sobre la difusa línea que separa la informalidad de la ilegalidad, lo son: en Madre de Dios, donde la minería informal es la principal actividad económica, ésta ha devastado cerca de 100,000 hectáreas de bosque en 34 años (53% de ellas en los últimos 10) y tiene una extensa y densa sombra en materia de contaminación, afectaciones a la salud y violación de derechos.
Pero la MAPE también puede ser vista como una gran oportunidad para generar puestos de trabajo formales y oportunidades de desarrollo para la población local. El empleo minero se caracteriza por su efecto multiplicador en la economía y, según cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), por cada empleo directo en el subsector minero, se generan 6.25 empleos adicionales. Se estima que en Madre de Dios la minería informal es responsable de 30,000 puesto de trabajo directos e indirectos.
Para destapar todo el potencial de la MAPE, es indispensable legalizarla, vale decir, incluirla en la economía formal. Sin embargo, esta actividad ha demostrado ser persistentemente informal. El 26 de abril último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reconoció públicamente que el proceso de formalización minera no ha dado los resultados esperados, por lo que se debe replantear el proceso de la mano con el Congreso de la República. En esta línea, es indispensable que el nuevo gobierno encare el futuro del proceso de formalización minero de manera urgente y comprehensiva.
Viendo el vaso medio lleno, desde hace unos años se ha venido haciendo un esfuerzo por abordar esta problemática constructivamente, con una reflexión cuyo foco no se limita al combate a la minería ilegal, sino que está formulando grandes visiones que, desarrolladas en forma concertada y en espacios participativos, revelarán a la MAPE como una actividad milenaria que, bien manejada, podría generar puestos de trabajo, impuestos y, sobre todo, ser sostenible.
Bajo ese enfoque se ha planteado la Visión de la Minería al 2030 (del Grupo Visión Minera al 2030 del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas–Rimay), según la cual, a ese año, el Estado debe haber conseguido la formalización, la mejora del desempeño ambiental, de las condiciones de trabajo y la competitividad de la MAPE.
En esa ruta, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, constituida por el MINEM en octubre de 2019, propuso la elaboración de una Política Nacional de la MAPE. En marzo de este año, tras un proceso de consulta desarrollado por el MINEM en los principales centros de actividad MAPE, la Política Nacional MAPE obtuvo la viabilidad del análisis de pertinencia por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Si todo sale bien, es probable que la Política Nacional MAPE esté concluida en este año.
La Política Nacional permitirá adoptar salvaguardas ambientales y sociales para eliminar los efectos negativos de esta actividad y promover la mejora en el desempeño ambiental y, de esa forma, alcanzar una MAPE competitiva y sostenible. Estas buenas prácticas permitirán eliminar gradualmente el uso del mercurio, elaborar un plan de minado que permite una operación más eficiente, adoptar el cierre progresivo de minas, y asegurar una actividad libre de trabajo precario y forzoso, discriminación y violencia de género.
Pero, para aquellos casos en los que la actividad minera es intrínsecamente ilegal, ya sea porque se desarrolla en lugares prohibidos como áreas naturales protegidas o excede los umbrales permitidos por la ley, la actividad debe ser erradicada con firmeza. Esto debe hacerse con un enfoque comprensivo, como se propone a través del Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios y en ciertos distritos de Cusco y Puno, que articula una visión de seguridad y control de insumos, con la formalización, el desarrollo productivo y la protección de derechos de poblaciones vulnerables.
Existen acciones integrales y concretas que pueden trocar una situación de generación de permanente conflicto en una que construya una MAPE competitiva y sostenible. Se trata de una tarea compleja y difícil, pero citando a Nelson Mandela: “siempre parece imposible hasta que lo haces”.
Fuente: Gestión
Estamos a mediados del 2021, todo el plan y normas del estado son deficientes, El proceso de formalizacion necesita restructurarse, en madre de dios no existe la carrera de energia y minas en las universidades, menos la especialodad de mineria a tajo abierto, o mineria aluvial, no existen los profesionales especializados en la pequeña mineria y mineria artesanal, que aporten a la tecnificacion y erradicacion del mercurio, asi como los planes del minado y cierre de minas, h todo los procesos de extraccion, el banco minero debe ser em ente recolector de todo el mineral procesado y exportarlo generando ganancias e utilidades para el mismo estado, generando riquezas para la región y el mismo pais. No satanizar una actividad milenaria y ancestral, el peru es un pais minero, es responsabilidad del estado apoyar y formalizar con lineamientos claros y reales de cada departamento.
La mineria ilegal se termina LEGALIZANDOLES, ahí viene la responsabilidad del Gobierno para controlar y que se cumpla
Para desaparecer la minería ilegal, es necesario reactualizar el BANCO MINERO de Fomento, para que por intermedio de él se supervise y compra de los productos de los mineros artesanales, al mismo tiempo que se le ayude con sus operaciones con personal profesional evitando la contaminación ambiental.