Por: Eduardo Bennett, CEO de Stracon.
En su primer mensaje a la Nación como presidente electo, Pedro Castillo anunció que se implementará el criterio de rentabilidad social para el desarrollo de los proyectos mineros, con el objetivo de dinamizar la economía local, regional y nacional. Si bien durante muchos años el objetivo principal de la actividad minera era la generación de beneficios económicos, ese paradigma ha cambiado y el impacto social ha cobrado igual relevancia.
No obstante, a lo largo del tiempo, han ocurrido tensos sucesos por parte de mineras informales, con nocivas acciones de ejecución y en muchos casos sostenidas por la corrupción, es necesario reconocer y revalorizar la esencia de una minería responsable y sostenible, con gran potencial para el país, que incrementa la rentabilidad social. La misma que con concesiones y prácticas gestionadas apropiadamente y dentro de la ley, tiene como objetivo acabar con el déficit de infraestructura social y productiva. Así como, generar empleos, erradicar brechas sociales, respetar al medio ambiente y dinamizar sus actividades alineadas a las comunidades locales.
En ese sentido, es evidente que la responsabilidad social en el sector minero es una de las herramientas principales para que la gestión extractiva sea fluida, ecológica, segura y redistributiva para el beneficio en conjunto de la sociedad, con especial énfasis en las zonas de influencia. Por ejemplo, desde STRACON tenemos una visión de que sin esta rentabilidad social no existe una operación realmente exitosa. Como parte de esta filosofía de valor compartido, hemos logrado emplear alrededor de 4500 personas como mano de obra local en los lugares donde tenemos presencia.
Este tipo de acciones generan un impacto positivo en la percepción local, nacional y a nivel regional. A esto, se suman iniciativas de relaciones comunitarias desarrolladas por las propias empresas mineras, quienes invierten importantes recursos al año en proyectos de responsabilidad social. Ante ello, se reconoce que para lograr altos niveles de rentabilidad social se necesita una óptima sinergia entre las industrias mineras y el Estado. Este trabajo conjunto, que tiene como resultado múltiples acciones beneficiosas de manera intersectorial, permitirá que se acreciente la contribución al desarrollo nacional, en articulación con el resto del aparato productivo del país.
En efecto, la actividad minera no tiene un enfoque únicamente económico. Los retos de su ejecución se traducen en resultados socioculturales y ambientales, que optimicen las dinámicas de vida, comunicación y relación de todos los peruanos, preservando la integridad de recursos y cualidades de nuestro territorio. Gracias a su gran naturaleza dinamizadora de la economía, actualmente la minería formal genera significativos impactos positivos intersectorialmente y una alta rentabilidad social, que se orienta más allá de los derivados de impuestos.