Los cuestionamientos a los proyectos mineros y su contribución al fisco, se han convertido paradójicamente en un descontento para las empresas, las comunidades y el Estado; en tal sentido, la Escuela de Ingeniería de Minas (UNMSM) y su Centro de Estudiantes, en el marco de la Semana de Minas “Minería del Siglo XXI: Moderna y con Responsabilidad socio-ambiental” convocaron a diversos profesionales para abordar la insólita problemática. en Mesas Redondas multidisciplinarias.
“En los 90, cuando comienza el auge minero en Perú, surgen también las ONGs críticas de la actividad”, recordó el profesor universitario, Mario Cedrón, al iniciar la Mesa Redonda.
Cedrón recordó que un estudio de la consultora Arellano sentenció que “A mayor inversión social mayor conflictividad”; y dijo que un ejemplo de ello es Cajamarca con Yanacocha, que invierte 25 millones de dólares al año en responsabilidad social, pero no supera los conflictos que tiene con la comunidad” y otro caso ocurrió en Puno, con el proyecto de Bear Creek, donde líderes “espontáneos”, paralizaron la región hasta lograr que el gobierno suspenda la actividad minera en el lugar.
Asimismo, opinó que el ordenamiento territorial, como herramienta para decidir donde se puede o no hacer minería, genera temores porque “las mineras tendrían que negociar directamente con los dueños de la superficie, que son las comunidades, pero esto traería problemas, como posibles invasiones de terreno”, advirtió.
El agua y conflictos socio ambientales
Al tratar el tema, el economista Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, consideró que los conflictos socio ambientales tienen que ver con el uso del agua, la que en un 89 por ciento es canalizada por el agro, donde se contamina el recurso con pesticidas y otras sustancias.
“La minería sólo usa del 2 al 3 por ciento del total de agua, y los mineros formales tienen que devolver a la cuenca una calidad de agua industrial III, que si bien no es potable, puede ser usada en los procesos agrícolas y fabriles”, remarcó
También manifestó que las comunidades ignoran que los concesionarios no son dueños del agua, y que no pueden hacer huecos en zonas urbanas, protegidas y arqueológicas; información que debe ser divulgada a la población por el Estado, pero este no lo hace.
Destacó como un mecanismo favorable las asociaciones de las comunidades con las empresas mineras, como el caso de Minera IRL en Olaechea, Carabaya, en Puno, “que le ha dado el 5 por ciento de sus utilidades a la comunidad”, informó.
Apuntó que las comunidades campesinas e indígenas son personas jurídicas y pueden negociar a través de la fórmula Asociación en Participación, y que en ese caso, les concede el 5 por ciento de utilidades, un asiento en el directorio y tener información de estados financieros auditada por agencias internacionales.
“Las comunidades deben aceptar tales beneficios, y con el dinero que reciben crear dos tipos de fondos: el Intergeneracional, cuyos recursos sean manejados por bancos de Inversión y no por ONGs, y el de Satisfacción de Necesidades Básicas e Inmediatas, para la contratación de profesores o médicos, sin depender del servicio público”, planteó.
Respeto a las costumbres
La periodista, Mónica Belling, directora de revista ProActivo, cuestionó las apreciaciones despectivas contra las costumbres ancestrales, que lastima la sensibilidad de las comunidades y ahonda las distancias.
Sugirió, que para establecer una comunicación fluida con las comunidades es necesario desarrollar “empatía” con esos poblados.
En cuanto al estudio de la consultora Arellano de que “a mayor inversión social hay mayor conflicto”, opinó que “no es necesariamente así”. “Los problemas en Cajamarca no se dan por la inversión social, sino porque primero se dio el conflicto y luego la inversión social, que es la peor fórmula, cuando lo idóneo es comenzar con la inversión social y evitar ese conflicto”, fundamentó.
La Consulta Previa
Entre tanto, el ingeniero Rómulo Mucho, de la UNMSM, expresó que la ley de Consulta Previa, es una norma muy compleja que ha generado muchas expectativas, pues hay quienes dicen que “va a empoderar a las comunidades originarias”.
En torno a la implementación y aplicación de esta ley, manifestó que el Estado es quien tiene que informar y tomar las decisiones del caso, pero que éste “no tiene la capacidad para hacerlo”, pues carece de los medios necesarios.
“¿Con que fondos lo hará? Porque la información siempre se ha hecho con dinero de la empresa interesada”, se cuestionó
Satisfacer necesidades inmediatas
Por último, la comunicadora Rosa Figueroa, gerente de Comunicación y Asuntos Externos de OSINERGMIN, sostuvo que las mineras no deben centrar sus acciones en el desarrollo sostenible para ganarse a las comunidades, tal como pensaba cuando trabajaba en Tintaya BHP Billiton. “Nos habíamos creído el cuento de que hay que hacer únicamente trabajos de desarrollo sostenible, sin darnos cuenta que la gente tenía otras necesidades inmediatas. Cuando asumimos esa tarea mejoramos nuestro relacionamiento con las comunidad”, relató.