Además, dichos agentes comercializan balones adulterados o falsificados, lo cual representa un grave peligro para los consumidores y generan prácticas de competencia desleal que afectan a las empresas formales de GLP.
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El Presidente de la SPGL señaló que la existencia de agentes ilegales que operan incumpliendo las medidas de seguridad y evadiendo los costos de una empresa formal encarece el balón de 10 kg en promedio S/3.25 soles.
Más de 300 millones de soles al año pagan en exceso los consumidores peruanos de gas licuado debido a la informalidad existente en la cadena de comercialización de dicho producto. Ello se produce porque los agentes ilegales no realizan las inversiones que se requieren para garantizar la seguridad de sus operaciones y usan indebidamente los balones que las empresas formales introducen al mercado.
Asimismo, el presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) precisó que estos agentes, además de operar sin las autorizaciones sectoriales ni municipales correspondientes, infringen las disposiciones legales que exigen el cumplimiento de diversas medidas de seguridad y las que prohíben la comercialización de marcas distintas.
“Esa informalidad se constituye en prácticas de competencia desleal para las empresas formales, las cuales sí cuentan con las autorizaciones otorgadas por el organismo regulador, cumplen las exigencias en materia de seguridad, observan adecuadamente sus obligaciones laborales al tener a su personal en planilla, adquieren los seguros necesarios para proteger a sus clientes, cuentan con un parque propio de balones y comercializan una sola marca”, agregó el dirigente del gremio que reúne a empresas formales de envasado y distribución de GLP.
Cabada precisó que en promedio cada hogar peruano consume alrededor de 14 balones de gas al año y considerando el sobreprecio que se ha calculado que es producto de la informalidad descrita, cada familia estaría pagando más de 45 soles en exceso al año.
De otro lado, señaló que los agentes informales son responsables del envasado y la comercialización de balones de gas adulterados o falsificados. Dichas actividades representan un grave riesgo para los consumidores por cuanto los balones que usan no son sometidos al mantenimiento que corresponde ni otro tipo de inspección que asegure su integridad.
Asimismo, el aprovechamiento indebido de balones de terceros origina un grave perjuicio a las empresas formales propietarias puesto que deben invertir mayores recursos en la adquisición de balones para poder cumplir con la demanda de dicho producto por parte de sus clientes. “Esos mayores sobrecostos impactan también en el producto final”, agregó.
Para Cabada, si el Estado logra reducir la informalidad en la cadena comercial y la obtención de beneficios ilícitos con el uso los balones de gas de otros, el precio al consumidor podría reducirse en aproximadamente un 10% del promedio actual.