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Un juez del estado brasileño de Minas Gerais ha concedido parcialmente una orden judicial solicitada por los fiscales ordenando a Vale (NYSE: VALE) que reserve 7.900 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares) para pagar las posibles multas relacionadas con el colapso de la presa de colas que mató a 270 personas el año pasado.
La cifra se suma a los 1.000 millones de reales (260 millones de dólares en ese momento) en fondos congelados que un tribunal federal ordenó a Vale pagar a las comunidades afectadas poco después del mortal incidente.
Unos 48 millones de reales (10,4 millones de dólares) fueron devueltos a la empresa en marzo de este año para financiar una investigación sobre las causas del colapso de la presa.
La ciudad de Brumadinho, donde se encuentra la mina de hierro Córrego do Feijão de Vale, suspendió este mes la licencia de operación de Vale por preocupaciones de que los trabajadores no estuvieran respetando las normas de distanciamiento social. También detuvo los trabajos en curso para reparar la instalación de almacenamiento de estériles de la mina.
El gigante del mineral de hierro se enfrenta a múltiples acciones legales por el incidente, el más mortífero en la historia de la minería de Brasil. Entre ellas se incluyen alegaciones de que Vale era consciente de la condición inestable de la presa años antes de que ocurriera el accidente.
En enero, los fiscales estatales acusaron de homicidio a Fabio Schvartsman, el director ejecutivo en el momento de la explosión, y a otras 15 personas. Schvartsman dejó su puesto en la compañía en marzo de 2019.
También acusaron a Vale y a su contratista alemán, TUV SUD, de delitos ambientales, ya que la explosión desató una avalancha de residuos mineros fangosos que contaminaron la cercana ciudad de Brumadinho, los arroyos y las tierras agrícolas.
Los desechos en el punto de mira
El trágico incidente ha desencadenado en el último año varias investigaciones penales, incluida una investigación mundial sobre el estado de 726 presas de cola.
También ha puesto la seguridad de esas estructuras bajo el microscopio.
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), un grupo industrial con sede en Londres que representa a 27 importantes empresas mineras, formó un grupo independiente de expertos encargado de elaborar normas mundiales para las instalaciones de colas.
La Iglesia de Inglaterra, que invierte en empresas mineras a través de sus pensiones para clérigos jubilados, junto con sus socios, inició una investigación mundial en abril de 2019 sobre los sistemas de almacenamiento de desechos mineros de más de 700 empresas de recursos. Ahora pide a las empresas que divulguen regularmente datos sobre las presas de colas.
La Fundación para la Minería Responsable (RMF), con sede en Suiza, publicó un estudio a principios de abril de este año, en el que se muestra que la acción dirigida por los inversores ha dado lugar a una mayor transparencia en relación con el estado de esas instalaciones.
Sin embargo, la gran mayoría de los mineros aún no han demostrado que están examinando la forma de gestionar eficazmente los riesgos relacionados con los relaves.
La organización sin fines de lucro, financiada por los Gobiernos de los Países Bajos y Suiza y algunas pequeñas organizaciones filantrópicas, dijo que, si bien una norma mundial sobre el manejo de los relaves es una iniciativa bien acogida, podría reforzarse para que adquiera importancia en términos de seguridad de los relaves.