- El presidente de la SNMPE resalta la necesidad de un enfoque más integral y coordinado para abordar el problema de la minería ilegal en el país.
Reinfo y las plantas de beneficio
Gobitz cuestiona el uso del sistema de Reinfo, que permite a pequeños mineros operar de forma laxa. Muchas plantas de beneficio, que procesan menos de 350 toneladas por día, obtienen permisos en gobiernos regionales sin la supervisión del Ministerio de Energía y Minas. Estas plantas, a menudo sin operaciones mineras propias, procesan mineral ilegal.
El problema se agrava cuando estas plantas no declaran toda su producción, facilitando la subvaluación de los minerales y el movimiento de dinero en efectivo no registrado. Este esquema está directamente vinculado a actividades delictivas como la extorsión, que incrementan la violencia en las ciudades.
- Intervención de la Sunat y la UIF para rastrear el flujo de dinero y detectar beneficiarios de estas actividades.
- Supervisión de los insumos críticos como combustibles y explosivos, áreas en las que el Osinergmin podría jugar un rol clave.
- Control del consumo de energía en plantas de beneficio, utilizando ratios de energía que evidencien discrepancias en su capacidad declarada.
Estas medidas permitirían desarticular las redes ilegales que operan en el sector y garantizar un mayor cumplimiento de las normativas vigentes.
Violencia y minería ilegal
Gobitz subraya que la minería ilegal no solo afecta la economía formal, sino que también fomenta un ambiente de violencia criminal. Actividades conexas como la prostitución, la trata de personas y las extorsiones forman parte de un sistema ilícito que se retroalimenta, generando un espiral peligroso para el país.
Romper esta cadena requiere una decisión política firme y la colaboración de instituciones clave. Gobitz señala que el Gobierno tiene herramientas poderosas que actualmente no utiliza, como el monitoreo financiero y la inteligencia energética.
El rol del sector privado
El expresidente de la Confiep, Roque Benavides, también enfatizó la necesidad de que los empresarios sean más vocales sobre el problema. Según Gobitz, el sector privado debe ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo, el Congreso y otras instituciones responsables para que se implementen medidas efectivas contra la minería ilegal.
Un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado podría lograr una mayor trazabilidad en las plantas procesadoras y establecer un orden en la industria minera.
