Por: Manuel Ernesto Bernales Alvarado*
El Acuerdo de Escazú, por el nombre del hermoso lugar de la República de Costa Rica, es uno de los instrumentos jurídicos- políticos del proceso mundial multilateral y de desarrollo humano, iniciado en el período de la Guerra Fría. Busca ampliar la protección de bienes y valores jurídicos existentes, acerca de los cuales hay acuerdos sobre conceptos, normas y desarrollos institucionales desiguales entre Estados, hay temas debatibles e ideas y creencias, algunas con expresiones ambiguas y polisémicas.
Estos propósitos permanentes en términos de derechos y deberes son:
- Acceso oportuno y efectivo a la información sobre el ambiente.
- Participación en procesos de decisión sobre el ambiente.
- Acceso a la justicia para que se cumplan las leyes y derechos ambientales o la reparación resarcimiento de daños.
- Protección de defensores de derechos humanos en temas ambientales.
Veamos orígenes y contextos de normas como el Acuerdo sometido a posiciones polarizadas que un buen gobierno y buena ciudadanía, pueden acercar, creando buena jurisprudencia y doctrina a menos que se caiga en fundamentalismos o prácticas hiper legislativas de tres niveles de gobierno, el Poder Judicial o nueva legislación congresal, que a su vez puede reclamarse sea consultada previamente. Luego veamos el aterrizaje de la norma propuesta sin entrar en ciencia del derecho que no es mi campo, sino frente a desafíos del presente: brechas calidad de vida y ambiente que tenemos en el Perú real no solo el real jurídico.
El Acuerdo tiene objetivos inseparables, con dimensiones y aristas diversas; un todo complejo y dinámico tanto en la realidad jurídica del deber ser, el Acuerdo, como en su aplicación a los universos nacionales y regionales muy variados.
Desde los 70 el multilateralismo político vía sistema de las Naciones Unidas ha impulsado, acordado y apoyado de manera desigual, innovaciones en derechos humanos hasta llegar a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, por lo común a contrapelo de empresas mundiales, “grandes unidades interterritoriales” (Maurice Byé), y Estados “soberanistas” o de “regímenes transpersonalistas”. Los Aliados occidentales en plena II Guerra Mundial recuperaron lo avanzado después de la Primera, período de la “Sociedad de las Naciones”. Base clara y flexible en favor “de toda la persona y todas las personas” (Francois Perroux). Luego de esta fase unificadora general, 1945-1948/50, se ha ido desagregando por temas y sujetos de derechos y deberes, objetivos mundiales desde la reconstrucción de Europa e independencia de colonias, hasta dos temas vitales: Diversidad biológica, social, y cultural, y Cambio Climático.
En este contexto mundial, “global context and process” se ubica el polémico y aun un distante de ser ratificado y depositado Acuerdo por una mayoría de países de nuestra región pues la suscripción, requisito esencial, es insuficiente para entrar en vigencia.
Hay argumentos en favor de acuerdos multilaterales regionales, aunque todos saben que unos funcionan mejor que otros. Su ser jurídico no es variable independiente y determinante, sino de la voluntad de aplicarlos: política nacional, relación de fuerzas, poder real, ideas, creencias, actitudes, conductas e influencia en la sociedad y en el Estado, que cambian con el tiempo, actores y generaciones.
Vivimos un tiempo mundial más acelerado, instantáneo, desmemoriado, de riesgos, desigualdades, luchas y guerras cruzadas e incomprendidas, dogmatizadas, e incertidumbres complejas, multidimensionales, con aspectos clave desconocidos pese al avance científico y técnico evidente, como la pandemia lo evidencia. El Perú también vive una doble transición nacional y mundial.
El Acuerdo, debe decirse, no implica cesión de soberanía, sino compromiso del Estado para cumplir con él, en buena parte hay normas promulgadas y reglamentadas desde antes de la creación del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), luego MINAM. Son constitucionales los Tratados sobre derechos humanos y asuntos que pueden llegar a nivel interamericano, Comisión y Corte.
Existen Convenciones ratificadas y hecho el depósito correspondiente, en derechos humanos y cultura, pueblos indígenas o migraciones ¡Decisiones de gobiernos desde hace tres generaciones! Ellas son parte de la publicitación del derecho privado y la privatización del derecho público (Jean Lacroix). Se amplían bienes y valores públicos, universales, derechos humanos exigibles, desde la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Hace ocho décadas los Estados constitucionales de derecho y el sistema de las Naciones Unidas muestran avances normativos y déficit de ejecución. La realidad muestra la existencia de escuelas y corrientes jurídicas unas más pro inversionistas privados, privatistas, y estatales; y otras oenegistas en nombre de la sociedad civil nacional o internacional. Estas tendencias se exacerban como en todo el mundo porque son parte de procesos sociales, económicos, políticos y culturales, a cargo de distintos actores, todos ellos organizados en redes o bloques. Los estados nacionales y la gobernanza democrática están golpeados.
Hubo proceso de difusión del proyecto, más entre actores estatales y redes no gubernamentales dentro y fuera del Perú. Pocos en nombre de muchos convergieron en Escazú. Ganaron crediblidad en sectores ciudadanos sujetos de deberes y derechos en una democracia basada en libertades y responsabilidades; su mensaje no caló en gremios empresariales y éstos tienen temores, expectativas y razones. Los ODS y la responsabilidad social los acerca.
“Nueva post normalidad” y grave crisis nacional-mundial imponen, urgen, cerrar brechas mediante buenas inversiones y generar excedentes e impuestos para cubrir los vacíos dejados por el uso de reservas por emergencia. Será imposible sin buena minería sostenible, agricultura de consumo y exportación, aprovechamiento racional del bosque y biodiversidad terrestre y marina, con más valor agregado y mejor compartir. Nadie puede negar que compramos derivados de petróleo por 6,000 millones de dólares al año pero solo hay tres centenas de millones de soles para remediación de diverso tipo. No sabemos cuánto constaría la remediación de pasivos hidrocarburíferos en el nororiente y el noroccidente. Argumentos desde el mundo empresarial señalan que el Acuerdo vendría a sumar y multiplicar las condiciones limitativas hacer remediación en la Amazonía y lanzar una mejor industria con visión de largo plazo, mientras se construyen otras para la nueva realidad de la energía, el agua y los minerales metálicos y no metálicos, ya proyectada mundialmente para una veintena de años. Solo hay fotos del territorio. Necesitamos información en tiempo real para planear, gestionar, controlar y corregir. Y, con o sin nueva norma informar debidamente y que haya real acceso a la información.
Pienso que destaca una prioridad: la protección de personas que trabajan en favor del ambiente sea conservacionista sea productivista. Nadie quiere más asesinatos tipo Chico Méndes en Brasil o Berta Cáceres en Honduras. Tema delicado porque pasa por estudio y debate sociológico y legal del sujeto de derecho y deberes, esencial al derecho positivo cuyas bases son justicia y seguridad jurídica; ese estudio y normación es inseparable de cosmovisiones, ideologías y procesos de poder local e internacional.
Comprendo el ánimo legislativo, académico, de reactivar cooperaciones, y político, de quienes fuera y dentro del sistema estatal han trabajado, para ese Acuerdo y otros aprobados. Hice lo mío desde los 70. Tomemos el pulso al Perú por reconstruir con mejor rumbo y destino. No hay plazo para ratificación ¿Por qué primero no hay un mejor debate dentro del Ejecutivo que lo suscribe y luego dice que no debe ratificarse? ¿Cuál sería el daño irremediable de que este Congreso no lo ratifique pasado mañana?
*Presidente del Consejo Nacional del Ambiente (2006), hasta su conversión en Ministerio del Ambiente (2008), y del Fondo Nacional del Ambiente 2006-2008. Ex funcionario Internacional de la UNESCO, Oficinas de Educación América Central y de Ciencia para América Latina y el Caribe (2006). Politólogo y Administrador Público. Trabaja para inversiones sostenibles y Seguridad Humana.
Acuerdo de Escazú