Luis Egocheaga

Luis Egocheaga (Foto: El Comercio)

Activos Mineros explicó su labor para remediar pasivos ambientales en el país, contabilizados en 9.000 desde el 2004

“Activos Mineros maneja una cartera de 85 proyectos de remediación en diferentes etapas de desarrollo”, señala Egocheaga, quien dirige la estatal desde marzo del 2015.

Durante los últimos diez años ha realizado un trabajo silencioso y hermético, incluso para la prensa y el sector minero. Quienes conocen algo de minería, identifican a Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) como la empresa responsable de remediar los pasivos mineros. Pero muy pocos saben que es dueña de una hidroeléctrica, que participa en las negociaciones contractuales de los grandes proyectos de minería y que ha comercializado 23 toneladas de oro como parte del proceso de formalización minera.  Todo esto nos lo explica Luis Egocheaga, gerente general.

¿Cuál es el alcance de Activos Mineros?

Activos Mineros es la respuesta del país a un imperativo moral, que es la remediación de los pasivos dejados por el Estado y el sector privado décadas atrás. Se da en momentos [inicios del 2000] en los que las empresas mineras comienzan a desarrollar los grandes proyectos y se encuentran con que esos pasivos les generan conflictos con la población. Para atender esta situación nace Activos Mineros en julio de 2006.

¿Cuántos pasivos por remediar hay en el Perú?
En el 2004, cuando se cierra el inventario de pasivos, se habían contabilizado 9.000 en todo el país. De ese número hemos priorizado 618 en ocho regiones.

¿Cuántos vienen siendo remediados?
Tenemos en progreso la mitad.

¿Y cuántos han terminado de remediar?
45 hasta la fecha.

¿45 desde el 2006?
Sí. La principal razón por la que nos demoramos es que las poblaciones aledañas no aceptan que ingresemos. Es el caso de Chugur. Sucede que años atrás hubo una empresa exploradora que ingresó a la zona diciendo que iba a hacer cateo y terminó haciendo perforaciones. Y esa empresa se llamaba como nosotros, Activos Mineros. Por eso, cuando quisimos ingresar, los comuneros nos dijeron: “¡Ustedes, otra vez!”, y no nos dejaron. Otras veces el pasivo está ocupado por mineros informales, que resguardan los accesos con escopeta.

¿Cuánto han invertido hasta  ahora en remediación?
Unos US$150 millones.

¿Cómo financian las labores?
En su mayor parte, con fondos del Estado.

¿Qué presupuesto manejan?
En el 2015, Fonafe nos asignó S/127 millones, pero este año serán S/180 millones.

¿A qué obedece este aumento?
Este año tenemos seis pasivos por remediar que han merecido que adaptemos nuestra organización a una matriz de gestión.  Demandarán S/70 millones.

¿Qué proyectos son?
Uno es la remediación de suelos urbanos y rurales en La Oroya, que finalizaremos en el 2018. Otro es la remediación de 70 plataformas de perforación en Michiquillay [financiada por Anglo American]. También tenemos la remediación de las antiguas minas Pucará (Pasco) y San Antonio de Esquilache (Puno), y el mantenimiento de la planta de neutralización Quiulacocha (Pasco), que operamos con minera Volcan. Y el más importante: la remediación del Delta-Upamayo, con las mineras Volcan, Aurex y El Brocal.

¿Esos proyectos saldrán a licitación este año? 
Sí. Aunque ahora estamos en búsqueda de más postores [AMSAC encarga el proceso de remediación]. Nuestro objetivo es mostrar, a los contratistas mineros y empresas de ingeniería, el gran potencial de negocios que tienen estos proyectos ambientales.

¿Cuál es ese potencial?
Este año tenemos una bolsa de S/70 millones, pero si conseguimos financiar la remediación de la desmontera Excelsior (Pasco), la bolsa aumentará a S/150 millones. En total, existe una oportunidad de inversión de US$500 millones para remediar los 618 pasivos priorizados.

¿Sería un nuevo mercado para los contratistas mineros?
Exacto. Queremos que las empresas entiendan que remediar los pasivos ambientales es un buena opción de negocio, sobre todo ahora que la dinámica de los proyectos mineros [metálicos] ha decaído.

¿Ustedes también alientan proyectos mineros?
Así es. Tenemos el encargo [junto a Pro Inversión] de negociar con los operadores para promover la minería responsable.

¿Qué  proyectos promueven?
Vemos 99 concesiones mineras en todo el país, de las que hemos transferido algunas, como Toromocho y Las Bambas; y hemos comprometido otras, como La Granja y Michiquillay.

¿Cómo está La Granja? 
El 16 de setiembre pasado firmamos la extensión del contrato con Rio Tinto. Ellos culminaron en el 2015 su período de 8 años de exploración, pero nos dijeron que habían acumulado suficientes indicios para suponer que el proyecto era más grande de lo que imaginaban. Entonces, nos reunimos con ellos y les pedimos que aumentaran su apuesta. El resultado fue una adenda que les concede 8 años más para explorar, pero con mejores programas sociales y cartas de garantía.

¿Y qué hará Rio Tinto ahora?
A fines de 2016 deberá reanudar las exploraciones. También nos han dicho que aumentarán la producción y el Capex  (Capital Expenditure) [US$3.000 millones era el estimado inicial].

¿Y fuera de la minería, ven algo más?
También somos los dueños de la hidroeléctrica Yuncán (Pasco), que está concesionada a Enersur por treinta años. Ellos son los operadores, pero nos comunican los problemas que tienen. Ahora quieren aumentar la potencia, de 130 a 136 Mw, y necesitan cambiar rodetes.

¿Ustedes ven todos los proyectos privatizados?
La mayoría. También ayudamos a empujar la venta de Doe Run en 2015. Pero no se logró debido a los altos estándares ambientales, el problema de la fuerza laboral y la contaminación de suelos en La Oroya. Pero esta última preocupación se ha aliviado porque hemos limpiado los sedimentos urbanos de la fundición, así que los inversionistas ya no tienen qué temer.

¿Y cuál es su papel en  la formalización minera?
En el 2012 nos encargaron implementar una estrategia para formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales. Nuestra idea inicial fue revivir el Banco Minero, pero al final decidimos firmar convenios de comercialización con empresas privadas a través de concursos públicos.

¿Refinadoras de oro?
No. Empresas que comercializan y exportan mineral aurífero. Elegimos a las cuatro que menos descuentan al productor informal.

¿Y dio resultado?
Sí. Esos descuentos atrajeron a centenares de pequeños productores  [800 a 900] pero también generaron reclamos de compra ilegal. Por ello, hicimos una auditoría contable-financiera independiente que demostró que todo está en regla. No se halló una sola observación, a pesar de que en el 2015 cerramos con 50.000 transacciones.

¿Cuánto oro han vendido?
Hemos facilitado la venta de 23,6 toneladas de oro entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, por un valor de S/2.768 millones.  Nosotros ayudamos a movilizar el 8,6% de la producción aurífera del país.

El Comercio