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Las noticias nos dicen que más de mil policías han llegado a la provincia de Islay y un comunicado conjunto firmado por los alcaldes distritales y provincial, así como por el Presidente del Frente de Defensa, nos ratifica el clima de alta tensión que se vive en el lugar. Las negociaciones se habrían roto y no se ve cómo regresar a la mesa de negociaciones.

Como hemos dicho varias veces en Otramirada.pe lo que sucede hoy con el proyecto de Tía María es producto de varios años de burlas a la población, buscando engañarlos antes que convencerlos de las bondades del proyecto minero. En primer lugar, el proceso participativo que señala la ley para obtener la licencia social que permita llevar adelante el proyecto no se ha producido. El Estado ha actuado concertadamente con la empresa Southern para que esto sea así. En segundo lugar, las 169 observaciones importantes que un organismo especializado de las Naciones Unidas le ha hecho al Estudio de Impacto Ambiental, no han sido levantadas en ningún documento escrito que se conozca hasta la fecha. En tercer lugar, las acusaciones de “terroristas anti-mineros”, hechas por voceros de la empresa y líderes de opinión a los dirigentes de la protesta en Islay, nunca han sido probados. Más bien, estos son constantemente amenazados, perseguidos y sus vehículos y viviendas, según denunció el Presidente del Frente de Defensa, atacados con explosivos.

Hay necesidad de que se regrese a la mesa de negociaciones, pero no con una actitud de proyecto Tía María sí o sí, en especial de parte del Estado, sino con ofertas concretas de, por ejemplo, un fidecomiso de remediación de daños ambientales convenientemente administrado, que le de seguridades a la población sobre su futuro. Asimismo, que se discuta una reubicación del tajo, de manera tal que no afecte la actividad agrícola del valle de Tambo.

Si se insiste en una actitud represiva podemos llegar a una situación inmanejable que afecte de manera irreparable tanto a la población de Islay como al futuro de la inversión minera en el Perú. Llamamos a la calma, especialmente a las autoridades quienes en primer lugar deben respetar la propiedad y la vida de los peruanos.

Fuente: Otramirada, Medio de comunicación digital de análisis político.

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