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Alberto Quintanilla: ¿Cómo formalizar la minería pequeña y artesanal?

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mineros informales

1.- Los días lunes y martes, 30 de septiembre y 1 de octubre, se han movilizado a nivel nacional los mineros pequeños y artesanales, protestando contra la política de interdicción del gobierno nacional, en nuestra región se han movilizado unos 10,000 mineros que marcharon por las calles de Juliaca el lunes, y el martes se trasladaron a Puno.

Las conversaciones que se dieron en torno a esta movilización, tuvieron distintos resultados; los mineros no lograron la renuncia del director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional, el abogado César Rodriguez Aguilar; en Lima se firmó un acta levantando la huelga por dirigentes mineros de La Rinconada, lo que ocasionó la protesta de los mineros de Sandia y Carabaya, quienes continuaron movilizándose por las calles de Juliaca.

La nota negativa fue la quema de un árbol en la Plaza de Armas de Puno, lo que ocurrió alrededor de las 7:45 de la noche del martes 1 de octubre, hecho que fue repudiado por la población de Puno, al considerar un atentado contra el medio ambiente; los dirigentes mineros negaron ser responsables, responsabilizando a una presunta provocación de infiltrados del gobierno.

2.- Los pobladores de la cuenca del Río Ramis, en su mayoría comuneros, programaron una paralización de 48 horas, para los días 16 y 17 de octubre, donde el primer día se movilizarían en sus zonas, para el segundo día hacerlo en la ciudad de Puno; esta paralización fue suspendida por 30 días, en el marco de una tregua, como resultado de la reunión que tuvieron el martes 15 de octubre en Azángaro con el Alto Comisionado para la Minería Ilegal e Informal, Daniel Urresti Elera.

Daniel Urresti Elera, ofreció que en 30 días se llevaría adelante las labores de interdicción en contra de las actividades mineras que contaminan la cuenca del río Ramis, porque era una directiva expresa del Presidente de la República Ollanta Humala.

La explotación minera tiene efectos contaminantes negativos para las diferentes formas de vida, en particular la que utiliza sustancias, como el mercurio, cianuro, en la explotación del oro y la plata.

Los efectos negativos que produce la contaminación minera se han ido incrementando en forma directamente proporcional con el incremento de los volúmenes de extracción de minerales, mientras era en cantidades pequeñas o medianas, no despertaba mayor preocupación de la sociedad.

La explotación minera aurífera se ha multiplicado en el Perú, como resultado de que el precio de la onza de oro era alrededor de 170 dólares, mientras que en la actualidad bordea los 1,800 dólares, habiendo tenido un pico cerca a los 2,000 dólares.

Esto significa que yacimientos que antes no eran rentables, con la suba de los precios del oro se tornan rentables, y si sigue el alza de los precios de los minerales, el problema irá creciendo.

3.- La actividad minera es altamente contaminante y lo es más si no se adoptan medidas que mitiguen sus efectos negativos.

Hay propuestas de cambiar los modelos y las formas de explotación minera, buscando reducir la utilización de agua dulce, que no se depositen los relaves mineros en cuencas o depósitos de agua, reemplazo de tecnologías que utilizan sustancias altamente contaminantes, como el mercurio, cianuro y otros.

En la explotación y tratamiento del oro existen modelos alternativos que no usan mercurio, ni cianuro, como los métodos gravimétricos, electrónicos, electrolíticos, que por ahora no son muy difundidos, más costosos que los tradicionales.

En el Perú, en la actividad minera existe mucha informalidad empresarial, no respeto de derechos laborales de los trabajadores mineros, no los ponen en planillas, no tienen seguro social, no pagan impuestos por utilidades y actividades mineras, contrabando de oro y plata, diferentes formas de violencia, robos, prostitución, lavado de activos y otros delitos conexos.

4.- En el objetivo de avanzar en la formalización de las actividades mineras informales y de combatir las ilegales, el Estado debe empezar adoptando las medidas racionales y lógicas que ayuden a la formalización de la actividad minera, reducción de la ilegalidad e informalidad, reduciendo la violencia y comisión de delitos.

La primera es que el Estado compre oro, como compra dólares por medio del Banco Central de Reserva, lo que le permite acumular reservas internacionales, hasta tener reservas internacionales por más de 66 mil millones de dólares, todo un récord; el Estado podría comprar oro a través de ventanillas del Banco de la Nación que podría abrir oficinas en los lugares de producción de oro, como en La Rinconada, Ananea, Sandia, Carabaya, Huaypetue, etc.

El Estado compraría oro pagando los precios de mercado y no en forma exclusiva. Esta medida ayudaría a disminuir el contrabando de oro hacia Brasil u otros países, así como la violencia y otros delitos, como, robos, asaltos, etc.

El Estado a través de los municipios, gobiernos regionales, universidades, ministerios, debe implementar plantas de tratamiento y explotación de oro y plata, alternativos al uso del mercurio, cianuro y otras sustancias tóxicas y contaminantes; el Estado brindaría estos servicios, no en forma monopólica, y demostraría la viabilidad de los métodos alternativos, menos contaminantes.

El Estado debe construir represas para el depósito y tratamiento de relaves mineros, cobrando el servicio de quienes depositen sus relaves, disminuyendo o evitando que se los depositen en forma directa en ríos, lagunas o el Titicaca.

Debe también revisarse el régimen de los denuncios mineros, obligando a sus titulares a que sean ellos quienes hagan actividades mineras, restringiendo o prohibiendo los arriendos y subarriendos de los denuncios.

El Estado debe asumir primero sus responsabilidades, para impulsar la formalización de la actividad minera, para que los mineros artesanales, pequeños, medianos, etc. se vean incentivados u obligados a formalizarse y legalicen.

Si el gobierno de Ollanta Humala no implementa estas medidas que son bastante lógicas, podemos pensar que no quiere realmente la formalización y legalización de las actividades mineras pequeñas y artesanales.

Fuente: Los Andes

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