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Análisis de la formalización de la minería ilegal (Video)

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A poco más de medio año de la segunda etapa del proceso de formalización de los mineros ilegales, el avance es mínimo. ¿Cuáles son los errores del proceso? Alfredo Salazar, gerente general de Saleman Consultores una de las pocas empresas especializadas en formalizar específicamente a pequeños mineros, explica las principales trabas.

¿Cuánto se ha avanzado el proceso de la formalización?

Poco o nada. En lo que se refiere al número de personas que han regularizado su situación [formalizados por completo] o han presentado un estudio de impacto ambiental (EIA) y este ha sido aprobado, el avance es residual. Sólo el 54% de las 70,000 actividades  mineras que iniciaron el proceso de formalización han pasado a la Etapa de saneamiento [la segunda etapa del proceso], es decir 38,000.

No hay una estadística sobre las personas que se han regularizado [formalizado por completo] porque no hay información publicada y los portales de transparencia de los gobiernos regionales son pobres.

¿En qué aspectos sí se ha avanzado?

Son pocos los avances. Lo más rescatable es que [finalmente] tenemos un censo de mineros informales. Aún no está completo, pero al menos ya tenemos información de las zonas en donde se está ejerciendo pequeña minería y cuáles son las trabas al proceso de formalización. Vamos a tener que pensar en otros mecanismos para mejorarlo.

También se han emitido las normas para regular el proceso. Se ha creado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), un estudio de impacto ambiental (EIA) más fácil de elaborar [que un EIA detallado o semidetellado para proyectos mineros más grandes].

Pero el problema no es la elaboración del IGAC, sino el proceso de evaluación de EIA, que demora una barbaridad. Tal como está reglamentado, debería durar seis ó siete meses, pero [en la práctica] puede durar cerca de un año y medio o dos años, hasta tres en algunos casos. Y el EIA es sólo una parte del proceso de formalización. También  hay que tramitar permisos para explosivos, autorizaciones de inicio de actividades….

Es decir, las demoras son por la burocracia o ‘tramitología’….

Sí. Intervienen interviene demasiadas entidades públicas en el proceso: Sunat, Sunarp, Cofopri, las Autoridades Local del Agua (ALA), las mismas Direcciones Regionales de Minería (DREM) de los gobiernos regionales…

Como son entidades descentralizadas y pequeñas, no están preparadas para evaluar los expedientes, lo que entorpece el proceso. Si uno va a una DREM se da cuenta que el personal no está capacitado ni para orientar, ni para evaluar los EIA y mucho menos para fiscalizar, porque la fiscalización por los gobiernos regionales es poca o nula.

 ¿Cuáles son las principales entidades que demoran el proceso?

No creo que el proceso se entrampe en una sola entidad. El problema está en que las entidades no coordinan [entre sí] y tienen una [enorme] carga laboral. Al final, para algo que podría subsanarse en cinco días, [las entidades] se toman treinta días en notificar y luego que uno subsana se toman treinta días en evaluar, de ahí remitir el informe, opinión técnica…son detalles en los que uno pierde demasiado tiempo.

Los gobiernos regionales son autónomos, entonces si uno hace un reclamo en el Ministerio de Energía y Minas [de que los plazos no se cumplen], este sólo es responsable de la mediana y gran y por lo tanto no puede llamarle la atención a los ni supervisar a las DREM.

Los mineros ilegales deben cumplir con una serie de requisitos para formalizarse. ¿Cuál es el requisito que más traba el proceso?

El contrato de explotación [con el titular de la concesión en donde el minero opera]. Hay demasiados mineros en el proceso de formalización que no llegan a conseguir un contrato de explotación porque no conocen al titular o a este simplemente no le da la gana de firmar un contrato. Nadie puede obligarlo [a firmar un acuerdo] porque estamos en un país donde existe la libertad contractual.

Podría reducirse el plazo [de once años para alcanzar una producción mínima] para pequeños productores, para que al titular de la concesión le convenga firmar un contrato de explotación con alguien que sí quiera trabajar la concesión. Es decir, generar un incentivo económico necesario para que el titular de la concesión firme contratos de explotación con los mineros que están operando en sus concesiones.

¿Cómo ingresan estos mineros a la concesión sin conocer al titular?

Generalmente invaden la concesión. La pequeña minería trabaja sobre la base de depósitos minerales con altas leyes [concentración de mineral]. Es imposible que puedan sobrevivir trabajando en yacimientos con una ley de 1%.  Por lo tanto, ellos van hacia donde está la veta en la superficie [zona que concentra el mineral con mayor ley]. Apenas se acaba esta veta, los mineros se dirigen hacia otra zona.

¿Cuánto tiempo se requiere para formalizar un pequeño productor minero?

Aproximadamente tres años, y un pequeño minero no puede esperar ese tiempo. ¡En tres años el precio bajo y subió unas treinta veces! En el papel, deberían ser seis meses. Como las DREM no tienen capacidad para evaluar estos expedientes de formalización, debería repensarse si esas entidades son las adecuadas [para llevar adelante el proceso de formalización]

Tal vez conviene crear una oficina única de evaluación de EIA para pequeña minería, debería distinguirse minería aluvial y minería filoniana, los dos tienen impactos distintos y necesitan cada uno un estudio de impacto ambiental distinto.

¿Y cuánto le cuesta el proceso?

El costo es muy relativo, como si se hace con una consultora sueca o con un bachiller de ingeniería de minas. Hemos escuchado que cuesta US$87,000 según el economista Hernando de Soto, lo que nos parece excesivo. Nosotros estimamos que cuesta entre US$20,500 y US$48,000 (ver gráfico)).

gráfico chico3

Este es un mercado nuevo, prácticamente no existen empresas [que asesoren el proceso de formalización] que hagan un EIA para pequeños mineros, porque requiere de una especialización. No es lo mismo que un EIA para la mediana o gran minería, que tienen que les importa la responsabilidad social y tienen estándares altos.

En la pequeña minería uno tiene que preocuparse por elaborar EIA acorde a las necesidades de cada productor. Nosotros pretendemos tomar este tipo de trabajos, especializándonos en pequeña minería.

¿Qué tan presente está el Estado en zonas importantes de minería ilegal e informal, como Nazca o Arequipa, para ayudar al proceso de formalización?

La presencia del Estado es a veces muy reducida. Frente a la minería ilegal, debe fiscalizar u orientar, pero cumple estas funciones de manera muy débil. La fiscalización casi no se ha dado. Los mineros piensan que tienen derecho a hacer minería pues lo han hecho toda su vida ha estado sin problemas. Recién ahora sienten las actividades de interdicción que provienen del gobierno central.

Las DREM de los gobiernos regionales hacen pequeñas actividades, como talleres y capacitaciones, pero son muy escasas. No se ha interiorizado sobre los beneficios y ventajas de lo que es la formalización, de los beneficios económicos,

¿Cómo cree que los mineros informales perciben el proceso?

Dicen que el proceso ha fracasado y que sirve de poco o nada.

Semana Económica

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2 Comentarios

  1. miguel

    16/12/2014 en 5:49 pm

    Donde podemos. Averiguar si una empresa esta especializada para realizar EIA para pequeños mineros

    Responder

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