Distintas organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos comenzaron una campaña para que se destinen mayores recursos para la implementación de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, durante el próximo año. La campaña de la obligación del Estado de otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tenga un ingreso o pensión y que se encuentren en situación de pobreza.

Alberto Vásquez, Presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), indicó que si bien la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables prometió que dichas pensiones se implementarían en el corto plazo, éstas no han sido consideradas en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. “Cerca de 30 mil personas con discapacidad severa viven en situación de pobreza. Si se destinara S/.50,5 millones, se podría contribuir a que salgan de esa situación en la que viven”, afirma Vásquez.

Las organizaciones también incidieron en la necesidad de asegurar la contratación de personal especializado para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENEDIS 2012), existen en el país 250,000 niños y niñas con discapacidad en edad escolar, de los cuales solo 50,000 están matriculados en el sistema educativo nacional. Además, unos 18,013 estudiantes con discapacidad incluidos en el sistema educativo público no cuentan con ningún tipo de apoyo que les asegure una educación de calidad.

“Se propone que los colegios que incluyan a más de 10 niños o niñas con discapacidad deben contar con un profesor especializado en educación especial, sin aula a cargo, para el asesoramiento de los docentes de aula y el acompañamiento de los estudiantes. Esta disposición está vigente pero no se ha hecho efectiva debido a la falta de plazas presupuestadas”, señala Liliana Peñaherrera, Presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down.

Asimismo, desde el año 2008, mediante disposiciones complementarias en la Ley de Presupuesto, los municipios y gobiernos regionales han estado facultados a utilizar un porcentaje mínimo de 0.5% del total de su presupuesto anual para identificar y eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas. Estas disposiciones, sin embargo, no han sido consideradas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2014.

Como parte de la campaña, apoyada por Sociedad y Discapacidad (Sodis), la Confederación Nacional de Persona con Discapacidad (Confenadip), la Sociedad Peruana de Síndrome Down, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), entre otras, se publicó un video en redes sociales llamando a la ciudadanía a través del uso del hashtag #SociedadJusta.