Inicio Conflictos Sociales César Guzmán-Barrón: “Ente autónomo debe encargarse de la gestión de conflictos”

César Guzmán-Barrón: “Ente autónomo debe encargarse de la gestión de conflictos”

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César Guzmán-Barrón (Foto: PuntoEdu)
César Guzmán-Barrón (Foto: PuntoEdu)

César Guzmán analiza motivos que dificultan la resolución de episodios de violencia en el Perú

De los 30 años de experiencia en negociaciones y gestión de conflictos, César Guzmán-Barrón se queda con la experiencia de intermediación en la Defensoría del Proyecto Camisea, debido a que los académicos intervinieron con éxito como un organismo imparcial entre el Estado y las comunidades. Eso –para él– nunca se había hecho en el Perú.

—¿Por qué si existe un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos, la conflictividad social es todavía uno de los mayores problemas en el Perú?

Cuando ingresó Vladimiro Huaroc [ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM], se decidió iniciar un enfoque de prevención, pero del hecho de que existen tantos conflictos infiero que no se está implementando. La intervención temprana implica participación de la empresa desde el principio elemental de decir siempre la verdad y la negociación de la comunidad con la empresa. Ocurre que en esta etapa el Estado no está presente. Aquello termina por ser una negociación privada que por su naturaleza es asimétrica.

—¿Qué genera este escenario con grandes empresas y comunidades que no están preparadas para negociar?

El asesoramiento de terceras personas, quienes pueden o no tener intereses políticos, pero no asesoran adecuadamente, y en algunos casos desinforman. En el país no existen recursos para capacitar a las comunidades en estos temas y creo que uno de los caminos de la prevención de conflictos pasa por fortalecer esas capacidades.

—¿Quién debería invertir?

¿El Banco Mundial? ¿Naciones Unidas? ¿El BID? Tendría que existir un fondo destinado a capacitar a las comunidades sobre cómo negociar y cómo ganar, en el buen sentido de la palabra. Además, capacitarlos en algo fundamental: en qué consiste la actividad minera. Se repite una frase: “Toda mina contamina”, pero habría que preguntarnos hasta qué punto la contaminación es irremediable. La idea es que estén preparados para que, en un proceso participativo real, sepan identificar las medidas de mitigación y, en caso de que resulten irremediables, tengan el derecho a negar la entrada a la empresa.

—Una de las preguntas que se repiten siempre es si la actividad minera resulta o no compatible con la agricultura.

Ello depende de cada caso. No podemos generalizar ni decir de plano que son incompatibles. Hagamos primero los estudios y, en función de eso, decidamos. Creo que la actividad minera debidamente controlada, fiscalizada y con medidas de mitigación adecuadas puede ser una excelente oportunidad de desarrollo.

—Si partimos de la prioridad que se da a la actividad extractiva, ¿por qué parece ilusoria la inversión en prevención de conflictos que tienen altos costos sociales y económicos?

Hay un problema fundamental de decisión y voluntad política.

—¿Pero hechos como los de Conga, Tía María o Las Bambas no quitarían réditos políticos a cualquier gobierno?

Por supuesto, por eso creo que el camino es prevenir. Hay distintos enfoques de intervención y entre ellos la prevención es el menos popular. Se trata de desarrollar una política que asegure la presencia del Estado donde se desarrollen actividades extractivas según el plan de desarrollo del país. Ahí deben estar aliados todas las instancias de gobierno, las ONG, la Iglesia Católica o cualquier otro tipo de iglesia presente.

El Comercio

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