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En Colombia hay minería artesanal, ilegal y la titulada por el Estado. La artesanal, debe ser encaminada por las autoridades; la ilegal, debe ser perseguida; la titulada, debe ser controlada y vigilada celosamente.
En cerca de 6.300 lugares de nuestro territorio se saca oro de aluvión, fuera de las minas de oro de socavón que hay, en especial en los páramos. Entre 100 mil y 200 mil hectáreas están afectadas por tal actividad. Solo el 13% del oro que exportamos proviene de minas tituladas, el resto es de minas irregularmente explotadas que producen cerca de 7 billones de pesos. Mucho de dicho dinero va a la caja de organizaciones criminales.
En Chocó, región de ecosistemas variados y frágiles, cerca de 186 mil toneladas de desechos (muchos tóxicos) caen anualmente a sus ríos, destruyendo plantas, ecosistemas, peces y envenenando a los pobladores.
En Colombia hay miles de dragas, retroexcavadoras y “dragones brasileños”, entrados irregularmente, usados para explotar minas; estos, con sus potentes motores de succión, causan inmenso daño a nuestro suelo, ríos, flora y fauna.
El mercurio, usado para separar el oro de sedimentos, se filtra a las fuentes hídricas subterráneas, por estas llega a los ríos, envenena peces, acaba con la vegetación subacuática; hasta las gallinas, patos y garzas de sus riberas están químicamente afectados.
Miles de colombianos, indígenas y colonos, crecidos en la miseria y el abandono, a cambio de salarios de hambre, laboran arrasando el entorno en que viven y crían a sus hijos; pero no saben hacer nada distinto a la actividad minera.
Muchos de nuestros ríos sufren diversos grados de contaminación de sus aguas por el mercurio; sobresalen el Cauca y partes del Magdalena medio y bajo. El lecho del río Dagua, en el Valle del Cauca, está perdido entre piscinas de mercurio e inmensos huecos hechos por dragas y retroexcavadoras. Lo aterrador es que en el posconflicto el asunto puede ser de dimensiones mucho mayores.
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