La importancia del sector minero para la recaudación tributaria ha disminuido considerablemente, pues pasó de contribuir con un 19.8% y un 17.3%, en el periodo enero-mayo de 2011 y 2012, respectivamente, a contribuir tan solo con un 6.3% en el mismo periodo del presente año. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el impuesto a la renta de tercera categoría representa el mayor aporte que genera el sector minero a las arcas del Estado. Cifras de la Sunat indican que la renta minera de tercera categoría representó aproximadamente el 30% del total por dicho concepto para el periodo enero-mayo de los años 2010 a 2012, mientras que tan solo el 7.4% para el periodo de 2015. Dada la baja en la recaudación tributaria, producto de la caída en los precios internacionales de los minerales, entre otras causas, nos preguntamos: ¿Cuánto habría recaudado adicionalmente el Gobierno si hubiese ampliado la base tributaria en el sector minería, a través de la formalización de mineros informales e ilegales?
La minería informal e ilegal no solo genera grandes huecos en los ingresos del fisco, sino que también es una amenaza latente para el medio ambiente y la salud de miles de personas. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (Minam), los procesos de producción generan residuos tóxicos, como cianuro y mercurio, que de no ser adecuadamente manejados (como en el caso de los informales e ilegales) contaminan el aire, los suelos y las aguas. Asimismo, los metales pesados, como el mercurio, plomo y arsénico, afectan la salud de la población, a través de la contaminación de los peces -base de la alimentación en las poblaciones amazónicas-, pues el ser humano absorbe el 95% del mercurio contenido en los pescados contaminados que consume. Así, por ejemplo, según un estudio del Carnegie Institute, el 60% de los peces consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores a los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, hasta la fecha se han arrasado millones de hectáreas de bosques alrededor de todo el país, producto de la minería informal e ilegal, siendo Cusco, Puno y Madre de Dios las principales regiones afectadas. Incluso, el sobrevuelo realizado en este último departamento, en las zonas de Huepetuhe y Guacamayo, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, confirmó que la destrucción de bosques ya bordea las 50,000 hectáreas. Dado este escenario, el Minam convocó a un acuerdo social contra la desviación de la minería formal e implemento más de 30 normas que, según afirmó el ministro Pulgar Vidal, han sido exitosas en el proceso de formalización para la gestión del actual Gobierno. ¿Habrá sido este proceso de formalización realmente exitoso?
Según el Minam, aproximadamente 69,000 mineros informales presentaron la Declaración de Compromiso (DC)?, de los cuales alrededor de 15,000 obtuvieron su aprobación. A ellos se les ofreció la posibilidad de cumplir con el proceso de formalización, con un plazo máximo hasta el 19 de abril de 2014. Sin embargo, este “logro” no tendría validez alguna, pues según el Informe N.° 167 de la Defensoría del Pueblo, titulado “Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú (abril 2012- abril 2014)”, de las 58,835 DC oficialmente presentadas -cifra corregida a diciembre de 2014-, solo 11 empresas se establecieron como legales a partir de dicho proyecto, ¡11 de 58,835! ¿A esto le llamamos exitoso? Incluso, según el Minem, esta cifra solo alcanzaría la formalización de cinco mineros informales. Esto sin contar que el plazo dado para continuar con el procedimiento de formalización ha sido extendido hasta 2016, lo que evidenciaría una laxa posición del Gobierno frente al problema.
Por otro lado, muchas ONG y grupos ambientalistas alrededor del mundo aseguran que las grandes empresas son las principales productoras de los altos niveles de contaminación; sin embargo, las empresas de gran escala no solo contaminan menos, al procesar sus residuos o al desarrollar métodos alternativos de extracción -en donde el uso de metales pesados no es necesario-, sino que también aportan con una mayor magnitud de tributos internos, fuente principal de financiamiento del Gobierno. Queda claro que mayores niveles de producción exigen mayores estándares de calidad, así como maquinarias y equipos de última tecnología.
NO ES LÓGICO QUE…
En lugar de continuar limitando las grandes inversiones mineras que activan el crecimiento económico -la excesiva permisotogía que impone el sistema legal peruano mantiene paralizados US$ 60,000 millones en proyectos de gran envergadura, según Hernando de Soto-, el Gobierno debería centrar sus esfuerzos en combatir la minería informal e ilegal, que es la principal causante del deterioro ecológico. Así, no solo se aumentaría la base tributaria y suavizaría el efecto negativo de la caída de los precios internacionales de los metales en la recaudación, sino que también se lograría reducir en gran parte la contaminación actual, por la que hoy grandes empresas pagadoras de impuestos, con rangos de contaminación permisibles y, en algunos casos, casi mínimos, sufren la parálisis de sus inversiones por conflictos sociales. Del mismo modo, el Estado debería enfocarse en reducir los trámites y permisos legales excesivos que desincentivan a los mineros informales que buscan formalizarse. ¿Qué está esperando el Gobierno para actuar?