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Derogación de decretos sobre lotes petroleros defiende normativa ambiental y social

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Ingeniera Lucero Castro considera que no se respetó legislación peruana.

La derogación de los decretos supremos que aprobaban los contratos de los lotes petroleros en el norte del país defiende la normatividad ambiental y social vigente en el Perú, consideró hoy la ingeniera ambiental Lucero Castro Tena.

“Hizo bien el Gobierno en derogar los decretos supremos que aprobaron los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, pues al aprobarlos no se respetó la normatividad ambiental y social del país”, explicó.

En la víspera el Ministerio de Energía y Minas recordó que los contratos de licencia para la exploración y explotación de los lotes mencionados fueron aprobados el 24 de marzo del 2018, mediante decretos supremos 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018-EM, 010-2018-EM. No obstante, ayer todos fueron derogados por Decreto Supremo Nº 011-2018-EM.

Lucero Castro, quien es docente de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad César Vallejo, dijo que las leyes peruanas indican que para promover un aprovechamiento sostenible de los recursos petroleros, todo proyecto de exploración y explotación debe contar con un instrumento de gestión ambiental (EIA, EIA-sd) y un proceso de consulta de participación ciudadana.

“Ambas cosas no se cumplían en este caso, por lo que la firma de los contratos estaba acompañada de grandes peligros”, manifestó.

“Las actividades de exploración que se quieren realizar en el mar de Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes implican el uso de técnicas que impactan en la vida marina y, por tanto, amenazan a la biodiversidad de la zona, la misma que representa más del 70% de la variedad biológica del mar peruano, incluyendo especies endémicas, según ha investigado el biólogo marino Yuri Hooker”, agregó.

La experta sostuvo que los pescadores artesanales, ONG y pobladores están en contra de la exploración petrolera en el mar, pues temen que se afecte la pesca, su principal actividad económica.

“Por eso es apropiado que el Gobierno anule los contratos y realice esfuerzos por hacer que se respete la normatividad vigente”, enfatizó.

Fuente: Andina

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