La Oficina Regional de Inteligencia (ORI) de la Policía Nacional indagó los planes de los mineros informales e ilegales que irán a huelga indefinida desde el 20 de marzo, en rechazo al proceso de interdicción. Para la protesta planificaron bloquear carreteras y enfrentarse a los efectivos policiales hasta provocar que varias personas resulten heridas.
Estos acuerdos se filtraron de las dos reuniones que sostuvieron los extractivos en Juliaca y La Rinconada. Además, en la víspera, diversos gremios mineros del Altiplano decidieron viajar a la capital para protagonizar una marcha de protesta. Allí plantearán también que se eliminen algunos requisitos del proceso de formalización.
Serán cinco mil los trabajadores extractivos que irán a Lima desde Puno, para la medida de protesta.
También se definió que quienes no puedan viajar deberán cerrar las vías de ingreso y salida a Puno y Juliaca, como medida de presión para que el Ejecutivo retroceda en sus políticas contra la minería ilegal e informal.
En diálogo con La República, Rolando Ticona, coordinador del comité de lucha, aseguró que un grueso número de mineros tienen trabas para concretar su formalización. Explicó que no pueden conseguir el permiso de uso del terreno superficial porque las comunidades o los dueños no están dispuestos a permitir que sigan con sus actividades, altamente contaminantes.
Otro de sus problemas es que los titulares de las concesiones tampoco les quieren dar el permiso de explotación. Al respecto, los mineros pretenden que el Gobierno deje sin efectos las concesiones a terceros. ♣
CLAVES
Se detectó que “barones” de la minería ilegal financiarían la protesta, pues si se suspenden las acciones de interdicción, ellos serían los más beneficiados.
En la región Puno cerca de 7 mil mineros presentación sus declaraciones de compromiso (paso para la formalización).
La República