ENTREVISTA. Si la oposición logra mantener a los manifestantes activos, el apoyo al proyecto minero podría disminuir, afirma Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú.
En una encuesta que realizaron en Cajamarca en el 2012, la desaprobación hacia el proyecto minero Conga fue de 78%. En la encuesta que recientemente realizaron en Arequipa, la desaprobación hacia el proyecto Tía María alcanzó 42%. ¿Por qué tanta diferencia?
Preferiría verlo en positivo. Los que apoyaban al proyecto Conga en Cajamarca eran el 15%, mientras que los que apoyan en Arequipa al proyecto Tía María son el 51%. Eso tiene sentido porque Arequipa tiene una buena relación con la minería en general, por ejemplo con la mina Cerro Verde y otros proyectos importantes.
Además, es una población con un mejor nivel educativo en su mayoría, y existe una correlación muy clara entre nivel educativo y apoyo a proyectos de inversión minera. La gente con mayor nivel educativo tiende a apoyarlos, y la gente de bajo nivel educativo es la que desconfía de ellos, pues teme que afectará su modo de vida. Finalmente, Arequipa es una región mucho más urbana, mientras que Cajamarca es una región mucho más rural.
Si en Arequipa hay una buena relación con la minería, ¿qué explica la oposición tan potente que se ha visto?
Existen grupos pequeños muy activos que hacen manifestaciones muy violentas: para tomar una carretera se requiere unas cuantas decenas de personas y muchas piedras. Tía María es un conflicto focalizado en un valle donde vive solo el 3% de la población de la región. Lo que pasa es que están muy organizados por dirigentes políticos que están aprovechando la desconfianza de la población del valle y han tomado actitudes muy violentas que el gobierno no ha sabido manejar.
Se criticó cómo los medios reportaron los resultados de la encuesta del 10 de mayo. Se dijo que el 51% de las personas estaban a favor de Tía María sin dejar en claro que ese 51% era del 55% de las personas informadas sobre el proyecto.
Los no informados son indiferentes. Tampoco se podría decir lo contrario, es decir, “la mayoría está en contra”. La realidad era que la mitad de la población no estaba informada. De los que sí estaban informados, había una ligera mayoría a favor. En mi opinión, la opinión pública en Arequipa estaba dividida [sobre Tía María].
Lo que me queda claro es que en Arequipa la mayoría sí apoya a la minería como actividad económica y valoran el aporte que hace la minería al desarrollo de la región, a diferencia de lo que ocurría en Cajamarca, donde la mayoría estaba ampliamente en contra.
¿Por qué la opinión pública arequipeña está tan divida sobre la motivación de los manifestantes? El 42% piensa que son manipulados y el 43% piensa que la protesta es legítima.
Arequipa sí está dividida, así como lo está el conjunto de la opinión pública nacional. Conforme pasan las semanas y la situación no se resuelve, la opinión pública empieza a cansarse y a preferir la paz sobre el desarrollo. Dicen “qué importa, un proyecto más o uno menos, no es tan grave mientras no siga muriendo gente”. Entonces el agitador político que logra mantener a un grupo de manifestantes activo durante muchas semanas, logra debilitar la opinión pública y al Estado.
¿Pero qué determina que algunos piensen que la población está siendo manipulada y otros no?
La opinión pública arequipeña está más informada que el resto del país. Al tener un poco más de cercanía a los hechos, sí dice que hay manipulación política. Pero la sensación que hay en muchos ciudadanos que ven el tema de lejos es que seguramente tienen razones para protestar. Hay una tendencia a pensar que la protesta no puede ser absurda. Es una actitud de comprensión, no necesariamente de respaldo.
El 73% de los encuestados en abril opinó que un proyecto de inversión beneficia a la población en general. Entonces, ¿por qué surgen estos focos tan fuertes de rechazo?
La aprobación es a los proyectos en general, pero la población más colindante al proyecto a veces teme que el proyecto vaya a afectar su modo de vida. En Conga era por las lagunas; en Tía María al comienzo también era por el agua, pero cuando se resolvió esa preocupación [la empresa propuso construir una planta desalinizadora para no utilizar agua de la zona], empezó a correr el rumor de que el proyecto afectaría el aire, y ahora también hay preocupación por el impacto a la agricultura.
El miedo es muy poderoso. Muchas veces los sectores campesinos vecinos a un proyecto minero no ven tan claro los beneficios, y el miedo hace que se opongan.
En el 2012, sólo el 32% de las personas encuestadas estaban informadas sobre el peritaje al estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga; y sólo el 29% de encuestados están al tanto del proyecto Tía María. ¿A la población nacional no le importan estos temas?
El nivel de información ya creció. En la última encuesta –publicada el 17 de mayo— la población informada de Tía María está por encima del 50%. Sin embargo, es un tema complejo y no toca directamente la vida cotidiana de la población general. Es más fácil acordarse de un narcotraficante con un Ferrari, que es una historia casi de televisión, que un tema de una inversión minera, donde hay estudios de impacto ambiental que nadie sabe bien en qué consisten.
Conforme sea más complejo el tema, menos gente se va interesando.
¿Quién debería tomar la iniciativa para hacer del tema algo más digerible para la población?
Creo que el Estado y las empresas tienen que hacer un trabajo mucho más serio desde antes que se lleve a cabo el proyecto, para construir consensos a favor y recoger todas las dudas para que se aclaren y dar las compensaciones del caso. Un proyecto de esta naturaleza implica inversiones en infraestructura, educación, ingresos para las municipalidades, para el gobierno regional, etc. Se necesita comunicar esto de mejor forma.
Muchas empresas lo hacen relativamente bien: no tenemos conflictos en todos los proyectos mineros.Los que surgen muchas veces tienen que ver con historias de malas relaciones que generaron desconfianza entre la población. Cuando hay ese tipo de problemas, quizás el proyecto puede ser económicamente viable, pero no es políticamente viable en manos de esa empresa, y es mejor vender el proyecto a una nueva empresa para que la gente pueda recibirlo con más confianza.
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