José de Echave
Según las cifras publicadas por la Defensoría del Pueblo, hasta abril del 2016, son 209 conflictos sociales, de los cuales el 69.5% son de carácter socioambiental, y de estos, el 62.7% corresponden a la actividad minera.
No hay una sola causa
El economista José de Echave resaltó la necesidad de no homogeneizar los conflictos, pues en Perú hay conflictos que son de resistencia y rechazo, donde la gente no quiere un proyecto minero; pero también existen los de convivencia, o coexistencia, donde la gente no rechaza de plano a la minería, y está dispuesta a convivir con la actividad para aprovechar directa o indirectamente los beneficios que trae.
Al respecto remarcó que “en los conflictos por coexistencia las personas están dispuestas a dialogar y encontrar puntos de entendimiento en el aspecto económico, ambiental y cultural.
La gran mayoría, es decir el 70% de conflictos, son de coexistencia”.
A la par, detalló que Espinar y Las Bambas son ejemplos de conflictos de coexistencia y enfatizó que “solamente un 30% corresponde a conflictos de rechazo”.
El nuevo problema en torno a los conflictos mineros
Dijo que además del descontento de algunas comunidades por una complejidad de factores, el incremento del tránsito pesado en el Sur, ha ocasionado accidentes fatales y además la polvareda origina molestia en las poblaciones aledañas.
“No hay que pasar por alto que se está generando un tipo de conflicto con cada vez más fuerza, respecto al tránsito pesado que transporta el material producido. En diversos puntos del país está creciendo este fenómeno”, manifestó.
“Este factor afecta a las economías tradicionales, principalmente comunidades ganaderas. Provoca impactos ambientales significativos porque se trata de un tránsito pesado sobre carreteras afirmadas, y eso provoca polvaredas”, indicó.
En ese sentido, De Echave puso como ejemplo al “corredor minero que va desde la provincia de Cotabambas en Apurímac (Las Bambas), pasa por la provincia de Chumbivilcas en Cusco (Constancia) y llega a Espinar (Antapaccay), lo que resulta en un claro aumento del tránsito pesado, ya que involucra tres yacimientos”.
Cabe señalar que este es una de las causas que más ha generado el malestar de un sector de la población colindante con el proyecto minero Las Bambas por la polvareda vertida por los camiones, y que se ha convertido en uno de los principales puntos por solucionar, por parte de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad”.
A su vez, recomendó que “se analice a fondo, casos emblemáticos como el del derrame de Choropampa, conflicto originado por un accidente de transporte”, para solucionarlos de raíz.
Los problemas se mudaron al sur Asimismo, indicó que hay una suerte de marcada tendencia al aumento de conflictividad en la zona macro sur (Macrorregión Sur) donde están concentrados el 32% de los conflictos.
“Hace 10 o 15 años, el norte registraba un mayor número de conflictos, sobre todo en Cajamarca. El escenario actual está asociado al hecho de que la geografía de la inversión también ha cambiado. Si uno ve la geografía y la inversión por cartera de los proyectos mineros, 66% de los que están en cartera están en la macro región sur”, advirtió.
Contra destrabar barreras burocráticas para proyectos mineros
Sobre la gestión PPK, expresó su inconformidad con la propuesta del plan de gobierno de destrabar una serie de barreras burocráticas, dentro de un paquete de normas que será presentado al Congreso a corto plazo, ya que considera que “el plan flexibilizará los cánones ambientales”.
“Priorizar el factor económico como el elemento determinante que va a bajar la conflictividad social es un error que se debe corregir (…) nosotros entendemos que los conflictos son más bien conflictos multidimensionales, donde lo económico puede tener su espacio, pero no es lo único: hay temas sociales, culturales, y ambientales”.
“Hay que fortalecer la institucionalidad ambiental mellada en este gobierno (Humala) y el anterior. Esa es la gran tarea de la presidencia y del Minam”, declaró para ProActivo tras mencionar que le preocupa en demasía que el equipo de la flamante ministra del Ambiente Elsa Galarza “sea casi el mismo al de la gestión de Antonio Brack”, en el gobierno aprista.
Cifras del sector minero
En un inicio, De Echave indicó que “la inversión minera ha caído sostenidamente desde su pico en el 2013 (9,719 millones de dólares) y se calcula que en este año la cifra total oscile entre 4 mil y 5 mil millones de dólares.
Señaló a su vez, que esta caída es una tendencia global, que empezó antes de que se produzca en Perú, no obstante se espera una recuperación para el 2018”.
“El canon minero distribuido ha comenzado a caer en los últimos años de manera sostenida. Sobre esto, nuestra proyección para el año 2016 es 1,216 millones de nuevos soles”, precisó.
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