(Foto: Difusión)
Dirigentes nativos afirman que no hay planes específicos para mitigar impacto ambiental de explotación de petróleo.
Los apus de las comunidades del Pastaza y Corrientes, agrupados en la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), pidieron supender el diálogo con el gobierno hasta que haya claridad sobre sus demandas y los trabajos que se realizarán tras la licitación del lote 192, en Loreto, para la explotación de hidrocarburos.
Mediante un comunicado, los 25 apus de las citadas comunidades acordaron retirarse de la mesa de diálogo, integrada por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos, Perupetro, el Ministerio de Cultura, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente, hasta el próximo jueves 23 de julio.
“El punto de quiebre es el Fondo Social que exigen las federaciones indígenas, fondo de fideicomiso que debe contemplar el nuevo contrato de concesión. El Estado nunca dio seguridad respecto al cumplimiento efectivo de esta exigencia. Hay poca disponibilidad de los funcionarios públicos”, informó Carlos Sandi, presidente de la Feconaco.
“El Estado dice que no hay dinero para nuestro fondo. ¿Dónde está el dinero si desde los años 70 hay explotación? Es más fácil hacer normas para destruirnos, pero cuando hay que hacer normas para construir ahí sí dicen que es más difícil”, agregó Aurelio Chino, de la Fediquep.
PROCESO DILATADO
La consulta previa por el lote 192 se encuentra en la fase de diálogo. Esta es la penúltima de siete etapas. Durante el diálogo se debaten las propuestas de los pueblos indígenas acerca de las condiciones de la continuidad de la explotación del lote 192 por 30 años más.
Según informó el Perupetro, este 4 de agosto será la apertura de sobres, con la cual se conocerán las propuestas técnicas presentadas por los postores. Estas son las empresas Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco. Dos días después, el 6 de agosto, se anunciará al ganador de la licitación.
En reiteradas ocasiones, las comunidades nativas manifestaron su preocupación por los impactos que supondrá explotar 138 millones de barriles de petróleo del lote. Se estima que los desechos de tal producción serían de más de 6,000 millones de barriles de agua.
“En estos más de 40 años de explotación petrolera se declararon cuatro emergencias ambientales, y diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) alertaban sobre la presencia de metales pesados como bario o plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones”, agregaron las comunidades en su comunicado.
El Comercio