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La informalidad en la minería artesanal en el Perú es cada vez más crítica. Una suma de trabas, año tras año, convirtieron en un “vía crucis”, para quienes laboran en dicha actividad, el intento de trabajar bajo la ley. Manuel Reinoso, presidente de Sonamipe (Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala), entidad que con perseverancia cruzó las fronteras internacionales por sus buenas prácticas, en conversación con ProActivo desveló una serie de intereses e indolencias que ocurren al interior de dicho subsector.

Según Reinoso, miles de peruanos son devorados en la maraña, “creo que la formalización de la minería artesanal debe tomarse por partes, comenzando con los contratos de explotación. Solo en Arequipa hay unos 15 mil mineros, en Ayacucho 8 mil, en Puno 6 mil, y cada cual con problemas diversos.

Los contratos, parte de la solución

Detalló que en Arequipa -Secocha, Miski, Poderosa, Pampa y Tonoraya- pertenecen a la minera Caravelí. “Ahí hay más de 6 mil mineros artesanales dependientes de una sola empresa, la cual también tiene concesiones en la zona de Mollehuaca, Mojasa, Cerro Chinito y La Capitana. Si el gobierno negocia con la minera Caravelí, podrá resolver casi el 60 por ciento del problema de los mineros artesanales en Arequipa, y algo de Ayacucho”.

En tanto que en Puno, La Rinconada tiene a la corporación Ananea que aún no ha podido inscribir sus contratos. Allí, considera que es más fácil solucionar el tema pues “los informales”, pertenecen en su mayoría a la propia corporación.

Sin embargo, señaló que en Madre de Dios, la situación es engorrosa, pues el gobierno regional no evalúa los Instrumentos de Gestión Ambiental que presentan los mineros.

La compra venta del oro

Sobre la venta del oro en Madre de Dios, Puno, Arequipa, Ayacucho y en La Libertad, dijo que “Activos Mineros compra, pero a veces le falta dinero y solo pueden vender quienes tienen Declaración de Compromiso y DNI”.

La Declaración de Compromiso (DdeC)

“En la actividad minera artesanal hay socios de producción. Hay quienes tienen una labor con DdeC, pero se asocian con dos o tres compañeros. Terminada la campaña de un mes o dos, se paga los gastos y lo que resta del mineral se reparte entre los socios. Ese minero obtiene el oro y lo vende ilegalmente porque no tiene DdeC, pues sólo la tenía el que comandaba la labor principal, no así sus socios”, pormenorizó.

Banco de la Nación una salida

La solución que debe dar el Estado para la venta de oro, es crear un impuesto plano para los mineros sin DdeC, y cuando se les haga la liquidación de compra, allí pagarían sus impuestos. Así ese oro entraría al flujo legal; y el comprador lo puede vender y exportar tranquilamente.

En ese grupo están las compañeras pallaqueras. En la zona entre Miski y Secocha hay más de tres mil que trabajan en los desmontes de los mineros artesanales, ellas tampoco tienen DdeC y su producción la venden ilegalmente.

La liquidación de compra la puede hacer el Banco de la Nación u otra institución bancaria  autorizada por el Estado. Así pagarían sus impuestos y el dinero que reciben las pallaqueras y los socios de producción ya no tendrían problema con el lavado de activos.

Otro remedio, refirió, es la formalidad  de la cadena de proveedores, a quienes compran: agua, petróleo, alimentos y llantas además de los que dan servicios. “Ninguno tiene boleta ni factura. Y no podemos hacer el descargo de nuestros pagos”, reclamó.

“Es absurdo que la Sunat Arequipa solo tenga una oficina en la ciudad capital y otra en Camaná, cuando debería estar en todos lados porque es la recaudadora y  no sale al campo a formalizar… Solo persigue a los que tienen RUC”.

Por ello, es necesario que en cada Banco de la Nación, funcione una oficina de Sunat para apoyo al minero. Muchos quieren formalizarse, pero por ignorancia y las dificultades, no lo hacen.

Propiedad de las concesiones

Otro grave problema, indicó, es que en los últimos cinco años perdieron concesiones. En el 2013 nos quitaron  la calificación de minero artesanal a más de 6 mil mineros, ahora quedan 348. Asimismo, teme que el alto pago de la penalidad y derechos de vigencia estén orientados a que los mineros artesanales pierdan sus concesiones y pasen a la ilegalidad en favor de la gran minería.

“En vez de alentar la formalidad, se empujó hacia la ilegalidad. La solución sería que el gobierno retorne la calificación de pequeño minero y artesanal según la Ley 26651”.

Sonamipe ya entregó a la PCM un documento con 35 puntos para agilizar la formalización, en los que destaca: la prórroga del pago de derecho de vigencia, derecho preferencial para quienes perdieron la calificación de minero artesanal y sus concesiones mineras por no poder pagar las penalidades y derechos de vigencia.

El gremio pide ampliar dos años más la DdeC, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, hasta que se apliquen las nuevas normas.

Asimismo, solicita que el personal de las DREM dependa de Lima y no se cambie al entrar un nuevo gobierno, para que su tarea no vuelva a foja cero cada cuatro años, lo cual atenta contra el avance de la formalización.

Por último, Reinoso reclamó por la arbitraria aplicación de las normas que hace cada gobierno regional.