Se aplicará a nivel nacional para los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera.
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En el marco del Proceso de Formalización Minera Integral que promueve el Gobierno, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció las disposiciones reglamentarias del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el cual será aplicado a todos los mineros informales a nivel nacional inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del sector.
El IGAFOM tiene como objetivo adecuar las actividades de la pequeña minería y de la minería artesanal a las normas ambientales vigentes, lo cual permitirá al minero informal adoptar medidas para identificar, controlar, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos de la actividad minera que desarrolla. Asimismo, este instrumento establecerá las medidas de cierre cuando corresponda.
La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, señaló que la aprobación del dispositivo contribuirá a cumplir con la meta planteada por el Gobierno en lo que respecta a la formalización minera. “En lo que va del año se ha logrado la formalización de más de mil mineros en todo el país. Nos hemos proyectado llegar a 5 mil al concluir el 2017. Instrumentos como el IGAFOM favorecerán que alcancemos lo que nos hemos propuesto como Gobierno”, sostuvo.
Cabe precisar que el IGAFOM se encuentra sujeto a un procedimiento de evaluación previa y contempla los aspectos correctivo y preventivo, los cuales tienen carácter de declaración jurada.
La presentación de documentos por parte de los mineros informales, así como la emisión de los actos administrativos e informes por parte de las autoridades competentes, para efectos de la evaluación del IGAFOM, se realiza a través del Sistema de Ventanilla Única.
El presente dispositivo fue consensuado con los sectores de Ambiente y Agricultura, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respectivamente.