Los Defensores del Pueblo que participaron en Lima en la Reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), destacaron la importancia de la Consulta Previa para que los pueblos indígenas participen en decisiones que pueden afectarlos, señalaron que Perú dio un paso importante en la implementación de ese mecanismo de respeto a los derechos de tales poblaciones, pero que aún tiene muchos retos que superar para poder aplicarla. Fue en declaraciones a ProActivo.
Derechos de los indígenas
Anselmo Sella, Defensor del Pueblo de la República de Argentina, opinó que si bien la Consulta Previa en Perú está en ciernes, es una ley reglamentada que constituye una medida legislativa importante que adoptará políticas públicas que contemplarán procesos decisorios que puedan afectar a las comunidades indígenas, recogiendo las opiniones de estas. “Enriqueciendo las decisiones que tome el Estado, vamos por el camino de asumir las perspectivas de los derechos humanos en orden a los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó.
Sostuvo que el Estado tiene que agotar su capacidad de negociación para convencer a los pueblos indígenas a que acepten la consulta previa. “Si no la aceptan, la explicación es la desconfianza que tienen en el Estado Occidental, fundada en años de discriminación, segregación y avasallamiento. Es sobre esa desconfianza en donde hay que trabajar para que la consulta sea aceptada”, consideró.
Superar retos
Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de la República del Ecuador, remarcó que el tema “encierra procesos muy complejos, resulta acertado que Perú desarrolle la consulta previa, pues así las partes involucradas en un proyecto de desarrollo adquieren seguridad jurídica y pueden reclamar en torno a ello”.
Asimismo, aclaró que estos procesos son administrativos, y por lo tanto están sujetos a las instancias de reclamo administrativo para todas las partes.
Comentó que si bien Perú está a la cabeza en la materia, por tener su ley y reglamento, aún tiene muchos retos que superar para que los procesos de consulta previa sean llevados a la práctica, de manera que la coordinación y el bienestar de los pueblos y el desarrollo que pretende el Estado para ellos sea lo que prime.
Observó que la normativa peruana se basa en el Convenio 169, que tiene relación con los pueblos indígenas y con la jurisprudencia en el sistema interamericano. En tanto que la jurisprudencia y normativa internacional señalan que no es óbice el consentimiento de los pueblos indígenas para que los proyectos de desarrollo puedan implementarse, pero que no es deseable llegar a este punto en donde el Estado tenga que realizar los proyectos sin ese aval.
“Lo apropiado es que existan mecanismos suficientes para que estos acuerdos puedan darse de buena manera, aunque si bien se irá implementando y habrá más acuerdos, no siempre se podrá obtener el consentimiento”, estimó.
Agregó que en ese sentido, “los Estados tendrán que valorar cuánto vale la pena invertir en un proceso de desarrollo frente a la oposición del pueblo indígena”.
Hay que generar pedagogía
Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo de la República de Colombia, manifestó que en el Perú la Consulta Previa fue desarrollada en torno al Convenio 169 de la OIT, instrumento punto de partida de todos los países latinoamericanos para introducir la figura y desarrollarla al interior de una normatividad. “Pero falta mucho por avanzar; las diferencias que se formulan en la medida que nacen nuevos proyectos, son retos a enfrentar para una mejor interpretación de la consulta previa”, puntualizó.
En torno al desacuerdo de las comunidades, dijo que es necesario generar pedagogía en el tema para que esa gente pueda entenderla correctamente, y que lo importante es que los grupos indígenas se encuentren debidamente asesorados y acompañados por entidades de derechos humanos, como en Colombia.
Refirió que en su país, la Defensoría del Pueblo juega un papel muy importante de mediador entre el Estado y los grupos indígenas, y en muchas oportunidades ha liderado la protección de los derechos de esos pueblos, como fue con la sentencia de tutela de 1997.
Reunión de Defensores
Los Defensores del Pueblo de 14 países de Iberoamérica y altos funcionarios de organismos internacionales se reunieron en Lima para analizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de tomar decisiones que les afecten.
La cita de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) fue inaugurada por el presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de de la República de Argentina, Anselmo Sella y su par de Perú, Eduardo Vega.
Fueron expositores el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya; la directora para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Elizabeth Tinoco; y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán.
“Somos conscientes de que incorporar el diálogo intercultural en la dinámica de los Estados requiere la generación de capacidades institucionales y personales”, afirmó Eduardo Vega, quien también informó que el ordenamiento jurídico del Perú reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Elizabeth Tinoco destacó que “la potencia del Convenio 169 de la OIT reside en que es un instrumento a través del cual los pueblos indígenas pueden participar libremente en un diálogo con el Estado, exponer sus puntos de vista y, si es posible, influir en las decisiones adoptadas”.
Anaya señaló que la consulta previa “no es un derecho aislado sino que forma parte del derecho internacional”.
El encuentro abordó temas como la implementación del derecho a la consulta previa, la construcción de ciudadanía intercultural y los aportes de las Defensorías en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
En el evento participaron, entre otros, representantes de Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Panamá, Brasil, México, Argentina y Venezuela.