Pablo De la Flor
EX VICEMINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Negociar un acuerdo comercial es como montar una bicicleta, si no avanzas te caes. Este símil resulta especialmente apropiado para entender lo que está ocurriendo con la negociación del acuerdo más importante y amplio que se viene impulsando internacionalmente. Me estoy refiriendo al Acuerdo Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, que involucra a EE.UU., y del cual nuestro país es parte, conjuntamente con Japón, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile, Malasia, Brunéi, y Vietnam. La culminación exitosa de este proceso negociador desembocaría en la creación de la zona de libre comercio más importante del mundo.
Sin embargo, la bicicleta podría estar a punto de caerse no solo debido a lo difícil que resulta encontrar un paquete final que satisfaga las ambiciones de las partes, sino también, y principalmente, por los desafíos que plantea la agenda y el calendario político norteamericanos. Recordemos que en EE.UU. el Ejecutivo conduce las negociaciones por mandato del Congreso, según lineamientos establecidos en una resolución legislativa (Acta de Preferencias Comerciales o TPA) de plazo limitado. Con dicha cobertura, los acuerdos negociados por el Ejecutivo son enviados para la aprobación del Legislativo, que debe pronunciarse sobre la totalidad de los textos, sin opción de enmendar ningún extremo.
El TPA ha expirado ya, por lo que el presidente Obama requiere tramitar su renovación a fin de concluir las tratativas pendientes en su agenda comercial (el TPP y el acuerdo con la Unión Europea). Si bien existe una iniciativa legislativa bipartidaria a favor de un nuevo TPA, es tal la oposición entre los propios congresistas demócratas, que su aprobación resulta improbable. Casi dos terceras partes de los legisladores de dicho partido objetan la extensión del TPA por temor al impacto negativo de los acuerdos comerciales en las elecciones de mitad de término que se celebrarán en noviembre. Con suerte, estaríamos frente a una aprobación del TPA recién en el 2015, luego de aclarado el panorama electoral.
Evidentemente, las contrapartes no van a acceder a las difíciles concesiones exigidas para cerrar un acuerdo ambicioso si saben que, en ausencia del TPA, cualquier compromiso puntual al que lleguen puede ser reabierto por el Congreso estadounidense. Solo para citar el caso más extremo, los negociadores japoneses difícilmente aceptarán abrir sus mercados para productos agrícolas sensibles (arroz, carnes, lácteos), sin la seguridad de que el paquete final es el definitivo y no está sujeto a revisiones posteriores. Lo mismo es cierto de las disciplinas más ambiciosas que se pretende incorporar en temas ambientales, más específicamente la insistencia en someter dichos compromisos a los alcances del mecanismo de solución de controversias del acuerdo; por no referirnos a las mayores protecciones a la propiedad intelectual, agenda agresivamente impulsada por los negociadores norteamericanos. Un acuerdo final en estas materias resulta improbable sin el TPA previamente aprobado.
Frente a este panorama incierto, las negociaciones del TPP no tienen visos de cerrarse este año. De hecho, como resultaba previsible, la última ronda culminó esta semana en Singapur sin avances considerables en ninguno de los temas relevantes, y sin un calendario tentativo para el nuevo cónclave.
Resulta lamentable que la agenda del comercio global haya sido secuestrada por la dinámica de los conflictos políticos domésticos en EE.UU., y que la ambiciosa agenda comercial del presidente Obama, la más ambiciosa de las últimas décadas, resulte socavada por la oposición de sus propios correligionarios en el Congreso. No solo se trata de una gran oportunidad perdida para la causa del libre comercio en la cuenca del Pacífico, sino también un duro golpe para la nueva política exterior norteamericana que planteaba reafirmar su presencia e intereses en este escenario geográfico.
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