Pepe Julio Gutiérrez Zeballos (Foto: Renato Pajuelo)

Pepe Julio Gutiérrez Zeballos (Foto: Renato Pajuelo)

Pepe Julio Gutiérrez Zeballos. Presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, provincia de Islay.

Elízabeth Prado

El dirigente con más presencia en la protesta contra el proyecto cuprífero Tía María-La Tapada reconoce que el diálogo con el Gobierno no prospera porque hay dos posiciones extremas: la violencia proveniente de la población responde a la que llega de la Policía, y que su control no depende de dirigentes ni de alcaldes.

Señor Gutiérrez, los intentos de diálogo entre el Gobierno y los dirigentes han concluido en nada. O ustedes abandonan la reunión, o terminan culpándose el uno al otro. Eso es irresponsabilidad.

Creo que hay dos posiciones muy extremas. Una, que es la del Gobierno, que insiste en ir a un debate sobre lo que no se entiende del Estudio de Impacto Ambiental. La otra es la de la población, que no quiere el proyecto y que exige una solución desde el punto de vista social. La intolerancia es de las dos partes.

Eso está claro. Pero ¿qué hacen los dirigentes y alcaldes para que se produzca el punto de quiebre?

No se puede achacar responsabilidades a alcaldes, a presidentes de Juntas ni a representantes, porque las determinaciones no las toman ellos sino  la asamblea popular. Y en todo caso si creen que las cosas son contrarias yo invocaría que así como vino el presidente de la República con un mensaje a pedir votos, que tenga la hidalguía de venir al valle y que escuche al pueblo.

Y ante la posibilidad de un estado de emergencia ¿qué están haciendo los dirigentes para evitarlo?

Dentro de los cinco planteamientos que hizo ayer (miércoles) el representante del Estado estaba el cese de la violencia por ambas partes. Pero, ¿cómo se encuentra el punto de quiebre?

Es lo que quiero escucharle.

Cuando yo dije en la reunión que se retire la Policía, respondieron: “Y cómo vamos a retirar si están atacando a particulares”. No es así. Si ellos creen que…

Es que (ayer) incendiaron un ómnibus…

Algunas radios dicen: una turba de manifestantes atacó e incendió un ómnibus, pero no se muestra un video, una fotografía de la turba. Curiosamente este ómnibus estaba a la entrada del Ceticos donde no estaba la Policía. Las suspicacias son muchas, pero no se puede hablar sin pruebas. Ahora, nadie quiere vivir en estado de emergencia. Recuérdese que en Islay, en el 2011, ya hubo uno y el pueblo se volcó masivamente a las calles y se produjeron tres muertos.

¿En las asambleas populares, ustedes no exponen estos hechos de violencia? ¿no los ponen en tela de juicio?

Sí se ha tratado. Pero ¿cuál es el punto de quiebre? La violencia genera violencia, vayamos a ver quién genera la violencia. Yo no tengo una bola de cristal para adivinarlo. Ante las atrocidades que comete la Policía, la gente tiene que autodefenderse.

Señor Gutiérrez, ¿quiénes son “Los Espartambos”? Ellos estarían cometiendo muchos de los actos de violencia.

Son hijos de Islay, son gente común y corriente, hijos de agricultores, jóvenes que defienden su valle. No se les puede achacar a ellos una violencia generalizada.

El Ministerio del Interior ya ha identificado a un grupo con nombres, apellidos y hasta videos. Hay quienes los ligan a reservistas de Antauro Humala.

Este es un movimiento social y yo creo que se está haciendo un aspaviento producto de periodistas como Chichi Valenzuela, Jaime de Althaus, Santillana y Olaechea que hablan de que acá está el Movadef, pero nunca han mostrado una prueba. Hablan de que aquí está metido Patria Roja porque un señor de Mollendo, que pertenece a un comité regional que se llama Horacio Zeballos, escribe en su facebook una narrativa de los hechos. No existe Patria Roja acá.

Está Tierra y Libertad.

Tierra y Libertad no tiene que hacer nada aquí. Nunca se ha enarbolado una bandera política. En Mollendo la gente se ha autoconvocado sin liderazgo, ellos han salido por voluntad propia. Entonces no podemos achacar a Antauro (Humala), a nadie. Es un movimiento eminentemente social donde participan agricultores, trabajadores del campo, amas de casa, pescadores, que son la mayoría. No hay batallones de nada.

Algunos dirigentes y autoridades son de Tierra y Libertad.

(Los alcaldes) Richard Ale Cruz tiene su movimiento que se llama Integración Islay; Jaime de La Cruz fue a elecciones por Unidos por el Gran Cambio. Elar Valencia es un alojado del Frente Amplio, no es militante de Tierra y Libertad. Yo, sí me honro de ser de Tierra y Libertad, soy fundador, pero eso no me quita legitimidad para tener representatividad. Y Jesús Cornejo estaba en un movimiento regional. Nadie milita en el MAS, ni en Patria Roja. Nadie.

Qué garantiza que no se repita en Islay lo que pasó en Tambogrande, donde se desalojó a la minera Manhattan y después fue invadida por mineros ilegales.

Primero, quien conoce o ha leído el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, y hablamos de La Tapada, sabe que se llama así porque el mineral está tapado a 800 metros bajo tierra. Qué minero informal va abrir 800 metros para llevarse el mineral. Esa mina anteriormente se explotó y tiene un socavón que va al río y la dejaron abandonada por la profundidad de la veta. Entonces, ¿de qué minería informal podemos hablar?

Pero cerca ya hay actividad minera informal.

Hemos descubierto que hay unos ayacuchanos que están cerca, pero es responsabilidad de las autoridades y de todos los que defienden el medio ambiente combatir también esa minería ilegal. Ellos están en una zona adyacente a Pampa Blanca. Lo hemos descubierto hace poco; son ayacuchanos.

Finalmente, ¿no hay manera de que los dirigentes y alcaldes puedan controlar la violencia de parte de la población?

Vuelvo a decir, si la Policía ataca al pueblo la gente se va a defender. Hay videos donde se ve que entran a las casas a puntapié limpio; yo lo he vivido, han roto los vidrios de mi casa y uno no se puede quedar tranquilo ante esas atrocidades. No se puede hablar solo de antimineros, de terroristas, tiene que hablarse de un contexto, de las dos partes. Tenemos más de 500 heridos, y muchos no van a las postas porque ahí está la Policía pidiéndoles nombre, apellido y domicilio.

La República