Fernando Vivas
Periodista
Hasta hace poco, cuando le preguntabas a una autoridad de gobierno por un ejemplo de paz y amor entre la minería y su entorno, invocaban a Las Bambas. Tanto Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, como Manuel Pulgar-Vidal, del Ambiente, me han respondido igual cuando les hice la pregunta.
Y ahora ¡cuatro civiles muertos, policías heridos, estado de emergencia y diálogos con espíritus caldeados! Entonces, no había paz y amor en Las Bambas. Era la calma antes de la tormenta, el volcán dormido a punto de despertarse, el conflicto no del todo prevenido por las unidades de prevención de conflictos que, si no lo paramos, nos costará cientos de millones de dólares.
Por respeto a los muertos y heridos, nadie osa decir que se trate de una cortina de humo. Pero el pensamiento conspirativo sí se pone de manifiesto de otras maneras: ya he leído varias explicaciones tentativas que apuntan a la labor de zapa de los antimineros como causa principal del conflicto. No dudo que los anti y posextractivistas estarán azuzando y frotándose las manos ante esta oportunidad política, pero me resulta paranoico adjudicarles tanta capacidad de influencia en un área donde hubo consulta previa y entendimiento entre mina y población. Los frentes de defensa que han convocado los paros también se “defienden” de las injerencias políticas extremas, vengan de donde vengan.
Las razones principales parecen ser otras y subestimarlas es necio. En primer lugar, Las Bambas cambió de dueño, de Xstrata a la empresa china MMG. Esta última pidió una modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) para, entre otras cosas, construir una planta de molibdeno que el primer dueño, Xstrata, iba a hacer en la zona de Espinar, donde tiene otro gran proyecto. Modificadas las reglas de juego, se debió hacer una campaña de información tan intensa como la del inicio del proyecto. Wilber Venegas, gobernador de Apurímac, admite que no se hizo y culpa al Gobierno Central de esa omisión.
Pero quiero poner un ejemplo que obliga a ver el conflicto con nuevos ojos: los camioneros de la zona, según leo en El Montonero, estarían entre los principales impulsores de la protesta. ¿Por qué? Resulta que la mina contrata a una gran empresa, que no es de la zona, para el transporte de desmonte y mineral. El argumento es que los pequeños transportistas del área no tienen la capacidad operativa ni los estándares ambientales para lidiar con tan gran proyecto.
No hace mucho oí a un alto directivo de Yanacocha contar que en Cajamarca hubo una situación similar, pero la empresa ha hecho una excepción, pese a los reparos de varios de sus funcionarios, y ha decidido contratar, en lugar de una sola gran empresa limeña, a varios transportistas de la zona. La decisión no parecía práctica ni económica, pero –seguía el relato del directivo– les ha permitido empezar a recomponer su relación con los pequeños empresarios de la región.
Conclusión simplona y preliminar: si se enfoca la gran minería solo con una lógica de rentabilidad, los afectados por cualquier decisión de reducción de costos la emprenderán contra el proyecto hasta su ‘no va más’. O sea, se ahorra poco y se puede perder todo. Por lo tanto, la lógica de la responsabilidad social, o como le quieran llamar a entablar una buena relación con el entorno, debe confluir con la de rentabilidad. O el proyecto ‘no va’.
El Comercio