En el 2013 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1126 cuyo reglamento introdujo cambios en la fiscalización deinsumos químicos, con el objetivo de hacer frente al narcotráfico y minería ilegal, pero las evidencias demuestran que los resultados no fueron como los esperados.
Percy Santos, especialista de HDC Consulting, indicó que según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida), se ha incrementado el número de insumos químicos fiscalizados, decomisados o inmovilizados, de 687.2 toneladas en el año 2010 a 1,930.6 toneladas en el 2012, representando un incremento de 1.8% a 4.6%.
Aparentemente, podrían parecer buenos resultados, pero lo cierto es que este incremento de fiscalización, se debería traducir en una disminución de narcotráfico o minería ilegal.
“Lo concreto es que el desvío de insumos químicos no ha disminuido, y el narcotráfico y minería ilegal siguen operando activamente. Se calcula que se siguen exportando entre 250 y 300 toneladas anuales de narcotráfico”, acotó.
Por otro lado, los indicadores de retiro de mercado de insumos químicos para el 2014 bordearían las 6,000 toneladas, refirió Santos, según datos de la Sunat. En ese contexto, declaró que algunas empresas se están viendo afectadas por los decomisos, no precisamente por pertenecer al narcotráfico o minería ilegal, sino por dificultades en sus solicitudes de registro.
Para el especialista, muchas empresas emiten información incompleta ante el ente regulador. Citó que entre las principales inconsistencias en relación al registro de operaciones en los que los usuarios vienen incurriendo figuran: la cantidad adquirida de bienes fiscalizados supera la cantidad autorizada, inconsistencias en las importaciones declaradas, en las operaciones de producto y uso. Así también omisos de la declaración del registro de operaciones, saldos o stock.
Otro factor es que, la norma ha tenido muchas modificaciones, y eso genera confusión. Según Santos, este escenario obliga a que los empresarios busquen respaldo de asesorías o consultorías, que no son precisamente provistas por la Sunat.
Multas y sanciones
Santos detalló que los usuarios de insumos químicos fiscalizados deben estar alineados con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio. Las sanciones de tipo penal van de 5 a 10 años de pena privativa de la libertad; y sanciones de tipo administrativas que involucran el cese definitivo o temporal de la actividad comercial o la incautación de insumos o imposición de multas de 2 hasta 5UIT.
El especialista recomendó que para evitar estas irregularidades sería ideal la autorregulación por las propias empresas, es decir, que ellos mismos se agremien.
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