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“Procesos serán más transparentespara agilizar inversiones en el país”

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Elsa Galarza, ministra del ambiente.

–¿Qué factor marcó su gestión durante el 2017?

–Entre diversos aspectos, tengo que destacar el trabajo realizado en el ordenamiento de la regulación en materia de calidad de aire, agua, suelos y residuos sólidos. Estos temas marcaron la pauta de la gestión y de lo que vendrá en los próximos meses.

La lógica que tenemos en el Minam es generar un mecanismo más transparente, de tal modo que las empresas sepan el avance de la regulación ambiental.

Además, trabajamos para desarrollar una normativa ambiental basada en evidencias, pues creo que será la base de que cómo debería trabajarse a futuro en el tema ambiental.

–¿Esta normativa ayuda a la reactivación económica que busca consolidar el Gobierno?

–El enfoque en materia ambiental busca llegar al desarrollo sostenible y crecimiento verde, eso significa que nosotros lo concebimos como un componente importante del desarrollo económico y, por lo tanto, deberían establecerse los balances adecuados.

En el tema de residuos sólidos, por ejemplo, puede ser un foco muy importante de progreso económico y, en ese sentido, el reglamento de tratamiento de residuos sólidos publicado por el Minam apunta a generar una industria del reciclado, del reúso y del reprocesamiento, lo cual además de mejorar los estándares ambientales genera empleo formal.

–El Gobierno busca reactivar la inversión minera. ¿De qué manera acompaña este objetivo la normativa del sector?

–Tenemos una muy clara intención de lograr ese objetivo y, junto con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), buscamos que todas las inversiones sean sostenibles, lo que implica cumplir toda la regulación ambiental.

En el caso de las grandes inversiones implica presentar un estudio de impacto ambiente (EIA) bien hecho y bien articulado.

–¿Se avanzó en la agilización de procesos?

–Durante el 2017, en el tema de promoción de inversiones, trabajamos para lograr que los procesos sean transparentes y técnicos, con la finalidad de que los administrados y la población conozcan al detalle los requisitos para que agilicen el tiempo con una adecuada solicitud.

Por ejemplo, hace algunos días ingresó el estudio de impacto ambiental (EIA) de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El plazo máximo de aprobación es de siete meses, pero puede ser menor.

Todo dependerá de lo que presenten, si los documentos son suficientes los plazos se acortan.

En ese sentido, estamos empeñados en lograr la mayor transparencia para que las empresas sepan al detalle lo que tienen que presentar y así agilizamos las inversiones.

–¿A qué apunta la normativa para este año?

– Vamos a trabajar en mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental. En materia de regulación hay varios ministerios que todavía no tienen implementados sus reglamentos en temas ambientales y eso lo tienen que hacer de la mano con el Minam.

Ya se registran avances multisectoriales y se lograron –en pocos meses– importantes cosas. Pudimos emitir la regulación respecto a reducción de azufre en el diésel y la gasolina, lo cual establece límites máximos permisibles.

El sector Transportes tendrá que implementar las revisiones técnicas.

Por lo tanto, tenemos toda una línea de límites máximos permisibles que debemos actualizar este año.

Tratamiento de residuos sólidos

La ministra Galarza destacó que en diciembre del 2017 el Gobierno publicó el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

La norma promueve la recuperación y valorización de los residuos sólidos mediante procesos como el reciclaje de plásticos, metales, vidrios y otros, y la conversión de residuos orgánicos en compost o fuente de generación de energía, lo cual incluirá a los pequeños recicladores en esta cadena de valor.

“La valorización de residuos sólidos permitirá la reincorporación de la materia a los ciclos productivos. Ello traerá nuevas oportunidades de negocios y minimizará la contaminación ambiental.

El otro lado

El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos regula, entre otros aspectos, las condiciones para el desarrollo del servicio de limpieza pública.

A principios de diciembre del 2017, el Ejecutivo aprobó los criterios para la gestión de sitios contaminados por actividades humanas. La norma considera actividades potencialmente contaminantes para el suelo aquellos proyectos realizados por humanos.

El Ejecutivo, mediante sus diferentes carteras, tiene presupuestadas 51 acciones medioambientales que se ejecutarán en los próximos tres años.

Fuente: El Peruano

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