Rolando Castellares
—Iniciativa busca prevenir el lavado de activos. Además de la compra y venta de inmuebles y vehículos, obligación incluiría operaciones societarias.
El lavado de activos proveniente de actividades ilícitas siempre está al acecho. Más aún en una economía altamente informal como la peruana, donde predomina el uso de efectivo en todo tipo de transacciones.
Para fortalecer la lucha contra ese flagelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó esta semana al Consejo de Ministros una propuesta de norma según la cual todas las transacciones que excedan los US$ 40,000 deberán realizarse a través de la banca.
La idea es bancarizar aquellas transacciones que hoy se realizan en efectivo y que tienen que inscribirse en Registros Públicos, señaló Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, entidad adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Eso significa que esta obligación no solo alcanzaría a la compra y venta de inmuebles y vehículos, como se informó recientemente, sino también a la transacción de otros bienes inmuebles como terrenos.
Además, incluiría a las transacciones societarias. Rolando Castellares, socio del estudio Castellares Abogados, explicó que esas operaciones comprenden la constitución de empresas, transferencia de acciones, venta y traspasos de negocios, aumento de capital, fusiones de compañías, entre otras.
“Con esto se quiere impedir que las grandes transacciones se hagan en efectivo”, sostuvo Espinosa. Destacó que hoy, en el Perú, se puede comprar una casa con un millón de dólares en efectivo, lo que, además de resultar peligroso en términos de seguridad pública, es un sistema que permite operaciones fraudulentas. “Conocemos el caso Orellana, en que se registraba un monto de ventas ficticias, se declaraba (ante un notario) un precio pagado que nunca se pagó”, dijo.
Al pasar estas transacciones por un banco, se hace posible hacer el seguimiento del dinero cuando se cree que provendría de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la corrupción.
Precisamente, las entidades financieras son proveedoras clave de información y alertas de operaciones sospechosas de lavado de activos, refirió Espinosa.
Óscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc) expresó su apoyo a esta norma y opinó que ayudará al control de actividades delincuenciales.
Para Castellares, la medida favorecerá la bancarización pero consideró que el monto de US$ 40,000, a partir del cual se genera la obligación está bastante por encima de la realidad del país. “Se escaparían el 80% o 90% de las transacciones vehiculares. Ese monto debería ser de US$ 10,000”, puntualizó.
Espinosa reveló que viene trabajando con una comisión del Congreso otra iniciativa para bancarizar los aportes de campañas políticas. “La meta es que (esta norma) se aplique para las próximas elecciones, pero como en otros temas, incluido el de uso de efectivo, va a depender de las decisiones del Congreso”, puntualizó.
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